Incluyen entrevistas presenciales y análisis médicos liderados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI.
Política22/01/2025
El Gobierno Nacional profundiza el exhaustivo proceso de auditoría que abarca a 1.250.000 casos de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral en todo el país. La medida busca corregir anomalías detectadas en el sistema y garantizar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a las personas que cumplan con los requisitos establecidos. El 16 enero, a través de la resolución N° 187/2025 el Poder Ejecutivo estableció nuevos criterios para otorgar ese beneficio con la premisa de “garantizar un proceso equitativo para las personas en situación de incapacidad que requieran solicitar este tipo de pensiones”.
El anuncio fue realizado tras conocerse los resultados de un relevamiento preliminar que reveló cifras alarmantes: cerca del 80% de los beneficiarios actuales no cumplen con las condiciones necesarias para recibir esa pensión otorgada por el estado nacional. Según datos oficiales a los que accedió Infobae, las irregularidades detectadas incluyen la asignación de pensiones a personas que no presentan las discapacidades declaradas, lo que genera “un gasto significativo e injustificado”.
El 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% en el de Mauricio Macri, según surge del relevamiento de La Libertad Avanza.
En un operativo anterior llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presas cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.
La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, en palabras de quien fuera abogado de Javier Milei.
Los hallazgos se suma a una investigación precedente, realizada en colaboración con el Ministerio de Justicia, al frente de Mariano Cúneo Libarona, en el que se identificó a 331 prófugos de la justicia que también estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De estos, 33 fueron puestos a disposición de los juzgados que habían solicitado su captura y 14 fueron detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas.
Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años de La Matanza, quien recibió su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso similar involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo su pensión en un tiempo récord de seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.
Los primeros distritos en ser auditados fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.
Con información de Infobae
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