A poco más de dos semanas de la protesta en Tribunales contra el DNU, el Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante el 27 de diciembre.
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La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, e informa que se determinó cuál fue el costo total que el Estado destinó para la marcha. Además, señala que también se logró identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.
Entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.
Tras hacer mención a cada una de ellas, el texto continúa: “En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”.
A continuación detalla: “(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Desde el entorno de la CGT, los referentes del sindicato creen que esta carta de documento se hará extensiva a todos y cada uno de los movimientos mencionados en el escrito.
Esta sanción del Gobierno a quienes se movilizaron a Tribunales pocos días después de la asunción de Javier Milei, había sido anticipada por la ministra de Seguridad en el marco de su protocolo antipiquetes.
La iniciativa -que fue una de las primeras comunicadas por Patricia Bullrich al ponerse al frente de la cartera- advertía que habría consecuencias para quienes motiven la movilización de las fuerzas para garantizar el orden público durante alguna manifestación.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, había dicho la funcionaria durante la presentación del plan.
En la misma línea había hablado del trabajo que se iba a realizar al finalizar cada marcha para identificar a las organizaciones convocantes y participantes de la misma. Con respecto a este punto, también había hablado de la creación de un registro de las organizaciones presentes en este tipo de hechos y de los que “sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones”.
“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, explicó Bullrich en su anuncio, que complementó lo establecido por el protocolo de seguridad también propuesto por ella para organizar el cuidado de la vía pública.
El pasado 27 de noviembre fue uno de los grandes primeros desafíos para el gobierno de Javier Milei en este sentido. La central obrera realizó su primer acto desde la asunción de La Libertad Avanza y se sumaron partidos de izquierda y movimientos sociales.
Las autoridades porteñas y nacionales afirmaron que la interrupción del tránsito en algunas arterias fue consensuada, aunque se produjeron incidentes en avenida Corrientes y hubo siete detenidos.
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El gobernador Gustavo Sáenz afirmó que no le preocupa la influencia de Donald Trump si sirve para mejorar la situación del país. “Lo importante es que la gente viva mejor”, dijo.
El dirigente del Sindicato de Camioneros y referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. “No moderniza, precariza y viola derechos conquistados”, advirtió.
La toma de posesión será el sábado 8 de noviembre. La Casa Rosada evalúa incluir a Santa Cruz en el itinerario del viaje. Es uno de los primeros en confirmar asistencia.
El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.
La reunión con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro servirá para discutir gestión, tensiones internas y la participación política del sector.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.