![EDE45UG6XFGF5OCTD2YFG35PGI](https://www.infobae.com/new-resizer/aS9FSfkQuUJseYtjwwzN6QuKQeQ=/992x661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EDE45UG6XFGF5OCTD2YFG35PGI.jpg)
Sturzenegger elabora su primera medida ejecutiva desde que asumió. Se concretará la anunciada eliminación del INADI y se sumarían el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas, entre unas 60 dependencias
A poco más de dos semanas de la protesta en Tribunales contra el DNU, el Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante el 27 de diciembre.
Política 11/01/2024La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, e informa que se determinó cuál fue el costo total que el Estado destinó para la marcha. Además, señala que también se logró identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.
Entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.
Tras hacer mención a cada una de ellas, el texto continúa: “En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”.
A continuación detalla: “(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Desde el entorno de la CGT, los referentes del sindicato creen que esta carta de documento se hará extensiva a todos y cada uno de los movimientos mencionados en el escrito.
Esta sanción del Gobierno a quienes se movilizaron a Tribunales pocos días después de la asunción de Javier Milei, había sido anticipada por la ministra de Seguridad en el marco de su protocolo antipiquetes.
La iniciativa -que fue una de las primeras comunicadas por Patricia Bullrich al ponerse al frente de la cartera- advertía que habría consecuencias para quienes motiven la movilización de las fuerzas para garantizar el orden público durante alguna manifestación.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, había dicho la funcionaria durante la presentación del plan.
En la misma línea había hablado del trabajo que se iba a realizar al finalizar cada marcha para identificar a las organizaciones convocantes y participantes de la misma. Con respecto a este punto, también había hablado de la creación de un registro de las organizaciones presentes en este tipo de hechos y de los que “sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones”.
“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, explicó Bullrich en su anuncio, que complementó lo establecido por el protocolo de seguridad también propuesto por ella para organizar el cuidado de la vía pública.
El pasado 27 de noviembre fue uno de los grandes primeros desafíos para el gobierno de Javier Milei en este sentido. La central obrera realizó su primer acto desde la asunción de La Libertad Avanza y se sumaron partidos de izquierda y movimientos sociales.
Las autoridades porteñas y nacionales afirmaron que la interrupción del tránsito en algunas arterias fue consensuada, aunque se produjeron incidentes en avenida Corrientes y hubo siete detenidos.
Infobae
Sturzenegger elabora su primera medida ejecutiva desde que asumió. Se concretará la anunciada eliminación del INADI y se sumarían el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas, entre unas 60 dependencias
La resolución se dio a partir de un pedido de la Secretaría General de la Presidencia a la Procuración del Tesoro de la Nación.
El Senador por Los Andes reiteró su pedido de obras viales en las Rutas Nacionales, tal el caso de la Ruta Nacional 51. “Decían que no se podían hacer obras sin la Ley Bases, pero ahora que salió, ¿tendrá financiamiento?”, cuestionó Leopoldo Salva durante su intervención en el Senado salteño.
Será este 26 de julio, fecha en la que – en 1952 – falleció la histórica dirigente. Soledad Troyano, integrante del PJ Salta, aprovechando la ocasión, analizó el rol de la mujer dentro del partido, tanto a nivel nacional como provincial.
El sindicalista denunció la precarización laboral bajo la Administración nacional libertaria, destacando la lucha por salarios dignos y la difícil situación de los trabajadores.
El diputado provincial y dirigente del PRO cuestionó la intervención del partido y apuntó contra Inés Liendo, funcionaria de Milei.
Esto ocurrirá si no acuerdan un millón de pesos para quien se inicia frente al volante. Exigen el mismo sueldo que cobra un chofer en Buenos Aires.
En el marco de la política de subsidios de la Administración nacional libertaria el mensaje se acentúa en el uso racional de los servicios, subrayando que la quita se subsidios aun no encontró su techo.
El legislador confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de Analía Elena. A finales de 2022 ya se había referido a esta delicada situación personal en una entrevista televisiva.
Será este 26 de julio, fecha en la que – en 1952 – falleció la histórica dirigente. Soledad Troyano, integrante del PJ Salta, aprovechando la ocasión, analizó el rol de la mujer dentro del partido, tanto a nivel nacional como provincial.
El sujeto pertenece a la Dirección General de Inspección de Personal. La denuncia policial fue radicada por la empresa Track Seguridad S.R.L.