El fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, requirió el pasado 22 de marzo la detención y el llamado a declaración indagatoria del exinspector de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray, y del exdirector de Seguridad de la policía provincial, Joaquín Guil, por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad y homicidios agravados cometidos en perjuicio de Elva Angélica Andrawos y Julio Antonio Moreno, dos personas víctimas del terrorismo de Estado cuyos casos no se encontraban registrados.

La imputación fue formulada ante la titular del Juzgado Federal N° 2 de Salta, Mariela Giménez. Los dos imputados se encuentran detenidos en prisión domiciliaria, cumpliendo condenas en otras causas por delitos de lesa humanidad.

Los casos de ambas víctimas fueron detectados a partir de una denuncia formulada por familiares de una de ellas, en base a la cual se inició una investigación en la Oficina de Derechos Humanos de la jurisdicción, que permitió identificar un número significativo de víctimas.

Según el dictamen fiscal, Andrawos y Moreno fueron secuestrada y secuestrado entre el 22 y el 23 de junio de 1975 por un grupo de tareas integrado por efectivos de la Delegación local de la Policía Federal y de la provincia cuando las víctimas arribaban a su domicilio de la ciudad de Salta, momento a partir del cual no volvieron a ser vistos con vida, por lo que permanecen en calidad de detenidos-desaparecidos.

A partir de la investigación, se pudo establecer que el 20 de junio de 1975 en el mismo domicilio habían sido detenidas otras dos personas, de estrecha confianza de la pareja. A partir de ese momento el domicilio quedó bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad, circunstancia que permitió al grupo operativo contar con información privilegiada para el posterior secuestro.

Ejecutados

A diferencia de lo acontecido con otras víctimas, que al ser detenidas en el marco de operativos similares en esa etapa previa al golpe de Estado en su mayoría eran puestas a disposición de un juez, Andrawos y Moreno habrían sido inmediatamente ejecutados. La investigación determinó que, con el propósito de ocultar el accionar delictivo, los efectivos consignaron falsamente en el sumario policial que las víctimas permanecían prófugas.

Al haberse constatado que las desapariciones de Andrawos y Moreno no figuraban en los registros públicos, ambos casos fueron informados por la Unidad Fiscal Salta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, para su correspondiente registro.

El fiscal general destacó el trabajo coordinado del equipo del Área de Derechos Humanos con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y las unidades derechos humanos especializadas en la materia de Jujuy, La Plata, Paraná y Córdoba, que permitió desarrollar las tareas de investigación en otras provincias.