“Como sociedad, tenemos que reconocer que la igualdad ante la ley es un principio, pero no es una realidad. Para esto existe la justicia”, señaló el juez Eduardo Barrionuevo, vocal del Tribunal de Impugnación.

Por su parte, la jueza del Juzgado de Minas de la Provincia, Victoria Mosmann, especialista en derecho procesal, destacó que el Poder Judicial solo actúa ante pedidos expresos. Además, aseguró que “las limitaciones respecto al territorio, a la pobreza, para poder venir a denunciar, son las limitaciones que desde el sistema se busca solucionar”.

En este punto, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta admitió que “la sensación que existe es de cierta impunidad”, aunque consideró que “la oposición poderoso-vulnerable es una puesta en escena, no es la forma de simplificar un problema”. “Hay una crisis de legitimidad, pero no me parece que sea una buena forma esto de ser tan absolutista”, sostuvo y resaltó que “tiene que haber políticas públicas para acercar la justicia a esos lugares”. Sin embargo, reconoció que “en líneas generales, sí existe un grave problema de acceso a la justicia” y señaló que “una buena forma de acercar la justicia es llevarla a las comunidades”.

 La defensora Oficial Civil y Comercial Rosanna Sángari destacó la necesidad de “hacer algún filtro para que los recursos del Estado lleguen a quienes lo necesitan”. “Cada día se está haciendo más difícil, pero muchos jueces trabajan de manera denodada y comprometida”, aseguró. Señaló que “muchas veces termina la justicia dictando una política pública en procesos estructurales” y subrayó la importancia de “salir a informar cómo es el proceso de acceso”.

Manifestó su preocupación ante el aumento de los casos de desalojos. Al respecto, remarcó: “Durante la pandemia estuvieron suspendidos, pero apenas se levantó los desalojos cayeron como cascada. Y el derecho a la vivienda es un derecho que tiene que garantizar el Estado. Siempre trato de hacer entender a la gente y al juzgado que esta persona merece un tratamiento con dedicación y muchas veces los abogados de la parte contraria no quieren entenderlo. En un estado de pobreza, no es que quiera alguien apropiarse de una casa, es que necesitan”.

En cuanto a la apelación de la Provincia en los fallos que ordenan garantizar el acceso a la salud mental y al sistema de salud a las comunidades indígenas, Aguirre Astigueta explicó que ello responde a obligaciones legales. “Se trata de que el Estado tenga un adecuado derecho a defensa, pero tratar de que no escale a un nivel de injusticia excesivo”, dijo.

“Los cambios de políticas públicas los podemos exhortar, pero no ejecutar desde el Poder Judicial”, agregó Barrionuevo y subrayó: “Tenemos que pensar de qué modo generamos prácticas para que nuestras sentencias sean más justas y más rápidas, pero hay cuestiones que dependen de tener los códigos procesales modernos. Hay responsabilidades que son del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo”.

Además, señaló que “resulta un absurdo que el Estado le haga gastar actividad a otro poder del Estado para cumplir y una obligación que la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes provinciales le imponen”. “Tenemos una estructura muy robusta de reconocimiento de derechos, el problema que tenemos es la efectividad”, consideró Mosmann.

Para Aguirre Astigueta, ello requiere “un acto de responsabilidad porque a veces resulta un modo muy liviano de hacer, y si eso no va seguido de una partida presupuestaria, termina siendo un acto demagógico”. Al tiempo que Barrionuevo cuestionó la negativa del Ejecutivo a informar y enfatizó: “Hay ciertas cuestiones que tienen que ser abandonadas como prácticas estatales, el acceso a la información pública es uno de los temas. Es un derecho elemental, informar a la opinión pública”.