Ambiente niega maniobras de la provincia para beneficiar al clan Castedo

Recientemente, el periodista Andrés Klipphan denunció acciones “sospechosas” del gobierno provincial que, a partir de denuncias de la UBA por la deforestación ilegal de tierras en el norte provincial, buscarían desprestigiar a la sociedad administradora para que se retire dejando abierta la posibilidad de que el señalado clan narco Castedo recupere el control sobre las mismas. Se trata de unas 28 mil hectáreas de las fincas Aybal y Pajeal, en Salvador Mazza, que Delfín Castedo, desde el penal de Ezeiza, busca recuperar.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Alejandro Aldazábal, aseguró que desde antes de la llegada de la actual gestión, “la sociedad administradora (UBA) tenía un sumario por extracción de madera fuera del área autorizada”. “Desde diciembre de 2020 ese sumario se levanta y la sociedad administradora recibe la autorización para la extracción”, explicó e indicó que, poco tiempo después, vecinos y la empresa a cargo del gasoducto que pasa por la propiedad denunciaron nuevamente la extracción de madera.

A partir de ello, señaló el funcionario, se pidió a la empresa administradora la revisión de las guías que les habían sido autorizadas y que presentaban irregularidades. “En una inspección se verificó que no se estaba realizando ninguna extracción en el área analizada, si en la del gasoducto, pero no continuaban”, remarcó Aldazábal e hizo hincapié en el hecho de que “todas las denuncias (de la UBA) se presentan una vez iniciados los sumarios, nunca de forma previa”. 

Destacó también que desde el área que dirige se trabaja en conjunto con el destacamento de Gendarmería Nacional de Aguaray, y la Policía Rural de Tartagal en las extracciones que presentan irregularidades. El funcionario buscó dejar en claro que “una autoridad federal le dio la administración y custodia esta sociedad, y no la tiene la provincia de Salta”. 

Así las cosas, frente a la acusación que llega desde Buenos Aires, argumentó: “Nosotros no podemos obviar un desmonte ilegal, no podemos obviar que se están realizando actividades no autorizadas, y tenemos que realizar un sumario. Todas las acciones están informadas, no tomamos ninguna medida que no esté informada a todos los que participan. El tema es que las denuncias llegan como justificación a un sumario iniciado. Ellos deberían hacerse cargo de la multa”.

Remarcó que “desde que se inició el segundo sumario hasta ahora, está todo en tramitación y son varias las veces donde ha salido esta temática en los medios, pero no es alentada por la Secretaría, es información pública”. “La UBA informa que lo hicieron terceros, pero ellos son responsables de la custodia. Dentro de los sumarios, no terminaron de acreditar que eran terceros. Tenemos irregularidades en guías que se presentaron. Si hubieran seguido cumpliendo las etapas de sumarios, no estaríamos hablando de esto”, sostuvo.

En tanto, sobre la posibilidad de que el clan Castedo recupere el control de estas tierras claves en la frontera internacional, dijo: “Es una decisión judicial, yo pienso que no. El tema es que tiene que haber una presencia más fuerte en el área de las autoridades federales para que estas cosas no sucedan. Mientras esto más tiempo lleve, van apareciendo situaciones, pero es información pública”.

El Secretario de Ambiente recordó que la decisión de que la administración esté a cargo hoy de la UBA es de la justicia federal y admitió que no pidieron que sea modificada. “Quizás puede ir a otra área del Gobierno. Lo que estamos haciendo es que se vaya trabajando de la forma más correcta posible, no podemos mirar para otro lado”, se limitó a decir. Y agregó: “Si, como Secretaría de Ambiente, lo pedimos lo primero que va a suceder es que la UBA va a decir que estamos obrando en perjuicio de ellos. Es muy complejo esto”.

“Como Secretaría, lo que queremos es que se controle y que haya presencia en el área. Tiene que haber una presencia mayor y tiene que haber una custodia”, enfatizó Aldazábal.