En Día de Miércoles, el integrante de Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Sola, dijo que en la provincia hay un promedio de 40% de sobrepoblación en las cárceles y precisó que en la Alcaidía hay 800 personas detenidas cuando la capacidad es de 350.

Añadió que la sobrepoblación y el hacinamiento se profundizan en el interior de la provincia y sobre todo en el norte, donde no se garantizan las condiciones sanitarias y edilicias mínimas.

“No tienen baños, duchas, camas, colchones y en algunos destacamentos deben turnarse para dormir porque no tienen colchones para todos” resaltó.

Sola destacó que ya se dictó un habeas corpus para las comisarías de Tartagal y Embarcación para trasladando gente hacia las cárceles y que se amplió el régimen de visitas. Añadió que también se logró que las autoridades del Servicio Penitenciaria se dispongan a cerrar una celda de castigo y cambiar la función de castigo de otra en la Unidad Carcelaria 4 de mujeres.

“Nos adelantaron que nos van a compartir la reforma del régimen disciplinario que se está trabajando y nos convocaron a trabajar de la ley del Servicio Penitenciario, que viene del año 1980, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Corte de Justicia” detalló.

Sostuvo que actualmente a nivel nacional hay una crisis en las cárceles y comisarías, por hacinamientos, exceso en la prisión preventiva y personas detenidas por largos periodos de tiempo. Agregó que la crisis se extiende y se reproduce también en Salta.

Remarcó hacer más cárceles no es la solución a la problemática, si no que se deben identificar las causas que la generan.

“Hay cuestiones que tienen que ver con demoras en los procesos judiciales, en el acceso a beneficios y en la burocracia del sistema, hay personas que están más tiempo hasta lograr que un juez les otorgue el alta” apuntó.

Por otro lado, el integrante del Comité indico que tras las visitas sin previo aviso a las cárceles se recabaron testimonios de abusos y malos tratos por parte del personal penitenciario. Manifestó que el recargo del sistema se traslada al personal y que falta capacitación en derechos humanos, perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad.