El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a pocos días de cumplirse un año y cinco meses de la muerte del "Diez", a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante una internación domiciliaria que cursaba en el barrio privado San Andrés, del mencionado distrito.

"Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está", señalaron los fiscales en su pedido de 378 páginas al que accedió Télam.

"Esa y no fue otra la realidad de lo ocurrido. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", remarcaron.

Este requerimiento incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del "10", Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

A todos ellos, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un "homicidio simple con dolo eventual", tras concluir que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", que sabía que el "Diez" podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.