La escalada en Gaza aporta nuevas claves a la investigación sobre crímenes de guerra en Palestina

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha advertido de que estudiará incluir este nuevo enfrentamiento en la investigación. Israel, que no es miembro del tribunal, rechaza cualquier injerencia.

Bensouda dio este aviso el pasado 12 de mayo, en unas declaraciones a la agencia Reuters, donde subrayó que seguía muy de cerca los últimos acontecimientos “porque hay una investigación en curso, y ambas partes deben evitar acciones que puedan resultar en la comisión de crímenes de guerra”. El mandato del TPI consiste en perseguir a los responsables de delitos, y no a los países, y según recuerdan sus portavoces, “una vez establecida la competencia de la Fiscalía en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, está facultada para indagar a su vez los presuntos crímenes cometidos allí por ciudadanos de Estados que no sean miembros de esta Corte”.

No está claro si el Gobierno israelí impedirá la entrada de los enviados del TPI en territorios palestinos, de los que controla el acceso. En tal caso, el trabajo de la Fiscalía se vería entorpecido aunque también podría acceder a testigos que estuvieran en otros países. Al no reconocer al tribunal, Israel podría simplemente ignorar futuras actuaciones o peticiones desde La Haya, sede del TPI, sobre sus ciudadanos, como una orden de arresto, abocada a la colaboración de la comunidad internacional en el caso de que se dieran las circunstancias.

Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, texto fundacional del tribunal, y ha acusado a la Fiscalía de mostrar un sesgo antisemita. Sostiene a su vez que Palestina no es un Estado reconocido internacionalmente. Sin embargo, la ONU concedió en 2012 la condición de “observador” a los territorios palestinos, y como la Autoridad Palestina suscribió el Estatuto de Roma 2015, pudo solicitar luego la apertura del caso. Lo hizo en 2018.

Este abril, Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades israelíes de imponer un régimen de apartheid a los palestinos, definido en el Estatuto de Roma como el establecimiento de un “régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales”. “Unos 6,8 millones de judíos israelíes y cerca de 6,8 millones de palestinos viven entre el Mediterráneo y el río Jordán, incluido Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este”, decía el informe de HRW, “la mayor parte de esta zona está gobernada solo por Israel, que discrimina a los palestinos”. La ONG ha pedido al TPI que investigue y persiga a los que estén implicados.

Aunque el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad suelen llegar a la justicia internacional una vez cometidos, ha habido guerras abiertas sobre las que se ha actuado mientras sucedían. Las de los Balcanes (1991-2001) es una de ellas, y el hoy extinto Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia operó mientras seguían las hostilidades. En el caso de Israel, la acometida bélica es la más intensa de los siete últimos años. Aunque la legitimidad obtenida por los palestinos ante Naciones Unidas en 2012, cuando fue reconocido como “observador”, no tiene consecuencias sobre la creación de un Estado, ni tampoco fija sus fronteras, sí dio mayor visibilidad a la búsqueda de una solución a un conflicto que contribuye a la inestabilidad en Oriente Próximo.

Mientras tanto, en La Haya, la articulación del caso de Palestina sigue su curso. Y lo hace con las víctimas de ambas partes como protagonistas, “de un largo ciclo de violencia e inseguridad que ha causado un profundo sufrimiento y desesperación para todos”, según la fiscal Bensouda.

El País