La violencia policial se descontrola en Colombia

Se escuchan disparos que retumban en la oscuridad, carreras y gritos. Colombia ha vivido durante la madrugada de este martes una nueva jornada de violencia en las calles que ha alertado a los organismos internacionales. La ONU y la Unión Europea han condenado la brutalidad policial y han pedido que los responsables de la represión respondan por sus actos. De forma oficial, son 20 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 los heridos desde que las protestas arrancaron el miércoles pasado por una reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya ha retirado.

Las escenas más impactantes llegan desde Cali, donde se ha producido el mayor número de muertes. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes han sido constantes a lo largo de la madrugada de este martes. Hay imágenes de carros blindados dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de armas. La primera planta de un hotel donde se hospedaban unos policías fue pasto de las llamas. Los manifestantes colocaron retenes en las principales carreteras de acceso y el aeropuerto se encontraba bloqueado. Las estanterías de los supermercados estaban vacías. Las autoridades han abierto corredores para que la ciudad, de 2,2 millones de habitantes, pueda abastecerse de gasolina, medicinas y alimentos.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicó que sus responsables, sobre el terreno, han sido testigos de “un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, en una nota de prensa, aseguró que los agentes utilizan munición real y golpean a los manifestantes. “Según informes preliminares, los policías mataron e hirieron a varias personas”, dijo. Y añadió: “En el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes de la protesta también han sido violentos”.

Bruselas también ha reaccionado a la crisis colombiana. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, dijo que la unión condenaba los actos de violencia, que apuntan “contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión”. Dijo tener confianza en las instituciones colombianas para investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos.

Las protestas, en su mayoría pacíficas, han derivado en ocasiones en actos vandálicos. Los manifestantes han quemado autobuses y bancos y han saqueado comercios. Las autoridades aseguran que hay más de 400 policías heridos. El presidente Iván Duque ha calificado estos disturbios como “terrorismo urbano de baja intensidad”. El tótem de la derecha colombiana, el expresidente Álvaro Uribe, escribió en un tuit, borrado más tarde por la red social por contravenir sus normas, en el que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad. La izquierda lo interpretó como una invitación a un derramamiento de sangre. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los actos violentos han sido premeditados, organizados y financiados por las disidencias de las Farc, un pequeño grupo que no se atuvo al proceso de paz, y el ELN, la última guerrilla reconocida de Colombia. Por ahora no hay pruebas de que sea así.

El director de la policía, el general Vargas, anunció que reforzará Cali con casi 1.500 policías más. Vargas no dio cifras concretas sobre muertes, solo aseguró que los agentes actúan en defensa propia y respetando la ley. “Nadie ha dado instrucciones de disparar”, dijo.

La reforma fiscal ha sido el motivo coyuntural por el que la gente salió a protestar, pero como marejada de fondo hay un gran descontento por la situación general de la nación. Colombia, la cuarta economía de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su producto interior bruto (PIB), la mayor desde que hay registros. El desempleo cerró el año de la pandemia en 15,9%. Eso arrastró al 42,5% de los colombianos a la pobreza. Los datos suponen un retroceso de cerca de una década.

El País