El juicio se realiza a través de la aplicación Zoom dos veces por semana, los lunes y martes, y está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Hoy declaran los testigos Omar Riveros y José Durante, ingenieros que suscribieron un informe de auditoría que compara las obras públicas licitadas en siete provincias. Las defensas apuntan a que estas declaraciones relativicen las irregularidades en las licitaciones.

Cristina Kirchner declaró en el juicio el 10 de diciembre de 2019 con tono enérgico durante casi cuatro horas y apuntó contra la Justicia, al afirmar: “Estamos asistiendo a una clase magistral de Lawfare”, término con el que se denomina al proceso con el que la Justicia “persigue” a una persona sin motivo o prueba alguna. En su declaración no respondió preguntas.

En esa ocasión además negó que fuera “amiga” de Báez. Sostuvo: “No soy amiga de Báez, nunca lo fui, pero no voy a tolerar que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura militar, no voy a convalidar eso”. Acusó al tribunal de estar vinculado al Lawfare y consideró que “seguro ya escribió la condena”. Dijo que igualmente “no importa” y afirmó: “A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”, en referencia a los jueces del tribunal.

La causa por corrupción en la obra pública

La investigación se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel por graves irregularidades en contratos de obra pública en la provincia patagónica, como sobreprecios. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.

Entre las anomalías que se determinaron en la investigación, el juez federal Julián Ercolini, al elevar la causa a juicio oral, advirtió que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K, por un monto de $46 mil millones.

Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.

En el proceso, que empezó el 21 de mayo de 2019, son juzgados además de la vicepresidenta y Báez el exministro K de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, entre otros.

Todos están procesados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.