La industria aceitera comenzará hoy una secuencia de medidas de fuerza de los gremios de la actividad tras fracasar una nueva instancia de negociación por reclamos salariales. La federación de trabajadores (Ftciodyara) y la Unión de Recibidores de Granos (Urgara) arrancarán a las 6 un paro de actividades por la falta de avances en la discusión acerca de la revisión de la paritaria de este año, en tanto que el gremio de aceiteros de San Lorenzo (SOEA) prevé entrar en huelga a mediados de esta semana. El conflicto encendió alarmas sobre todo en el Gobierno nacional, preocupado por el freno al ingreso de divisas de la exportación de la producción de oleaginosa.
  
Las empresas agroexportadoras contestaron a las protestas al señalar que “las demandas gremiales son incumplibles” y advertir que “ponen en riesgo la producción para el mercado interno así como la exportación, clave para el país”. Desde los gremios indicaron que fueron las compañías, con su negativa a negociar mejoras, las que promovieron el conflicto como un aparente mecanismo para forzar al Ejecutivo a atender sus propios reclamos ligados a las retenciones y al uso de la Hidrovía, y luego de haberse garantizado stock suficiente. 

El paro de la federación y de Urgara fue ratificado una vez vencida la conciliación obligatoria que había dispuesto el Ministerio de Trabajo. La discusión involucra, además de los dos gremios de la industria aceitera y a Urgara, a las cámaras que nuclean a las principales fábricas (Ciara), a la de exportadores de cereales (CEC), a la de biocombustibles (Carbio), y las entidades de Aceites de Vegetales de Córdoba (Ciavec) y a los puertos privados comerciales (CPPC).

La sospecha de que las cámaras patronales apuntalaron el conflicto es coincidente en los tres gremios. En todos los casos alegan que la industria fue de las pocas que quedó a salvo de la pandemia y que el hecho de regirse por valores internacionales de sus producciones le otorga margen para negociar los aumentos requeridos. En el caso de Ftciodyara y Urgara, la revisión de la paritaria 2020 que hasta ahora había tenido un primer -y único- aumento de 25 por ciento en el arranque de la cuarentena, en tanto que el gremio de San Lorenzo por ahora se concentró en reclamar el pago de un “bono covid” de 10 mil pesos como reconocimiento para los operarios que mantuvieron el rubro en movimiento durante la pandemia.

Ese convencimiento llevó al SOEA a diferir el arranque de una medida de fuerza. “Las fábricas se prepararon para un eventual paro y esperaban que lo hiciéramos apenas terminara la conciliación. De hecho no había entrada de camiones y las empresas habían bajado la producción. Nos estaban manejando el paro”, razonó Pablo Reguera, secretario general del gremio que monopoliza más del 70% de la producción industrial de oleaginosa y cuya representación se extiende a los puertos de San Lorenzo, San Martín y Timbúes.

En ese sentido Reguera confirmó que SOEA hará también un paro aunque será “entre el miércoles y el jueves” de esta semana, para continuar con las medidas de fuerza una vez finalizado el feriado del 7 y 8 de diciembre. En los puertos donde el gremio de San Lorenzo tiene su ámbito de representación y negocia por 4.500 operarios, figuran las principales empresas: Renova, Molinos Río de la Plata, Bunge, Cargill, Terminal 6 (que une a Bunge con Aceitera General Deheza), Cofco (Capitales chinos), Dreyfus y Vicentin.

La federación, por su parte, anunció el paro de hoy junto con Urgara tras advertir que las compañías exportadoras “entre enero y octubre del año 2020 duplicaron su facturación en pesos gracias a la devaluación y al importante incremento del precio internacional de la soja”. “Son las mismas que llevaron una y otra vez la negociación paritaria al fracaso, mientras se continúa deteriorando el salario de los trabajadores”, amplió un comunicado.

Mientras que Ciara hizo saber que las medidas de los tres gremios complican el abastecimiento interno y las exportaciones, así como “perjudican al sector en su conjunto, que reduce los ingresos para todos, y además le hacer perder a la Argentina su participación en el mercado mundial”. “La extrema medida se ejecuta mientras el Gobierno necesita el ingreso de divisas para fortalecer sus reservas y así garantizar el normal funcionamiento la economía nacional”, destaca un texto de la cámara que encabeza Gustavo Idígoras, referente a su vez del Consejo Agroindustrial Argentino, la entidad que la administración de Alberto Fernández promociona como instancia superadora de la Mesa de Enlace agropecuaria.

Ámbito.com