La presentación se realizó en el expediente que esos mismos padres y otros – 300 aproximadamente en total- iniciaron en la Gobernación el 26 de octubre, pidiendo lo mismo. 

La petición de octubre no obtuvo ninguna respuesta. El expediente sólo tuvo un pase a la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación.

En su nota de hoy, los padres acompañaron cerca de 2.200 adhesiones más, que se reunieron en planillas físicas y a través de un formulario de Google, e hicieron referencia a otras presentaciones o manifestaciones de similar tenor, como la realizada por la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad ante el Ministerio de Educación, la realizada por el Consejo Económico y Social ante el COE, y la adhesión del COPRODEC, entidad que reúne cerca de 50 instituciones educativas vinculadas a la Iglesia. 

Los presentantes indicaron que la Provincia tiene la obligación constitucional de brindar el servicio educativo en condiciones razonables, aún en contexto de emergencia.

“La falta de definiciones expresas, instrumentadas formalmente mediante los actos administrativos o legislativos pertinentes, respecto de la manera en que se brindará el servicio durante el ciclo lectivo 2021 – dijeron los padres - permite considerar configurada una amenaza cierta a ese derecho. La incertidumbre inicial, que podía justificar la restricción, ya ha dejado de hacerlo, y lo que acontece actualmente es una verdadera omisión inconstitucional”

Por estas consideraciones realizaron ahora una intimación formal para que se dispongan las medidas necesarias “para garantizar el inicio regular y presencial – con todas las adecuaciones que resulten necesarias – del ciclo lectivo 2021, emitiendo con intervención de las áreas competentes todas las normas, decretos, instrucciones operativas, protocolos y demás que resulten pertinentes”, haciendo notar que en caso de no encontrar respuesta adecuada se verán obligados a acudir al Poder Judicial.