El desalojo se dispuso el martes por la mañana por orden del juez de control Jorge Zurueta, a partir del reclamo de una empresa inmobiliaria.

Según reportaron medios locales, la compañía reclamó su derecho de propiedad sobre un predio de dos hectáreas ubicado sobre el margen del río Los Alisos, en el que los aborígenes mantenían una huerta comunitaria y un maizal.

Según trascendió, la Policía desarmó algunas casillas del lugar, sin avanzar sobre las casas en las que todavía vive un centenar de familias. Los efectivos se quedaron custodiando la zona para evitar que los desalojados volvieran.

El procedimiento contó con la presencia de concejales y diputados provinciales del Frente de Todos opositores al gobierno del radical Gerardo Morales, quienes intentaron impedir la medida judicial.

García, la funcionaria nacional detenida, cuestionó en diálogo con la agencia Télam que el procedimiento se realizó “con más de 50 efectivos policiales con armas de fuego” y que “hicieron correr a niños, ancianos y a mujeres embarazadas”. Criticó además que el juez Zurueta “ordenó el desalojo haciendo oídos sordos a los derechos de la comunidad”.

Por su parte, el diputado Emanuel Palmieri, del Frente de Todos, se quejó por el accionar de la Policía y aseguró que "la gente estaba pacíficamente".

"A mí me apuntaron y a las diputadas estuvieron apuntándoles. Es una vergüenza, ojalá que hubiera este movimiento policial cuando desaparecen nuestras chicas, nuestros niños", señaló.

En tanto, la presidenta de la comunidad Tusca Pacha aseguró que en las tierras que fueron desalojados vivieron sus abuelos. “Somos fuertes, gente de campo que tenemos la capacidad y seguimos sobreviviendo en esta tierra. Nos llegó el desalojo, ignorando todas las pruebas que hemos presentado como comunidad originaria”, planteó.

Los referentes aborígenes denuncian que la Justicia provincial solo atiende el reclamo del emprendimiento inmobiliario y que, además, "viola la ley 26.160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas que se encuentren en conflictos con terceros".

En esa línea, destacaron que poseen documentación que probaría que iniciaron procesos para tener acceso a la personería jurídica y que "el Estado no quiere reconocer a la comunidad como preexistente, como pueblo originario u organización de carácter comunitario".

Clarín