En su último informe la Organización de las Naciones Unidas advirtió que este año murieron más de 2000 personas en los barrios pobres. Mientras que en un documento anterior había acusado a Maduro y a sus principales funcionarios de estar vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, al presentar un documento que analiza casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela.

Raimundi afirmó que la Argentina “no hace una lectura ideológica de los derechos humanos" y que “no son un instrumento para tomar una posición ideológica”, al exponer en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del régimen chavista de Maduro.

El organismo analizó el reciente informe del Alto Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en el país caribeño, sobre el que cada país emitirá su opinión en Ginebra la semana que viene.

El diplomático sostuvo: “Lamentablemente estamos en una región en la que somos varios los países que hemos sufrido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje y una cantidad de problemas con los derechos humanos muy serios".

Consideró que “cuando uno pone el foco en una mirada de un país y no de otros, es allí donde se pone en riesgo de hacer una apreciación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos”.

Admitió que en Venezuela existe “una situación crítica, con mucho apremio económico y que no se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país”. Aunque aclaró: “No compartimos cierta perspectiva de cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla”.

Dijo que el país gobernado por Maduro “sufrió un fuerte asedio de intervencionismo” y que "hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que han generado serias cuestiones de violación a los derechos humanos”.

Las acusaciones de la ONU contra Maduro

En su último informe la ONU advirtió que este año murieron más de 2000 personas en los barrios pobres de Venezuela durante procedimientos de las fuerzas de seguridad. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet expresó que le preocupan “los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad”.

Explicó que la oficina a su cargo “registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”. Dijo que son 2039 víctimas en total, que once eran mujeres y que la edad media de los fallecidos era de 26 años. La oficina de la Alta Comisionada informa regularmente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.

En un documento anterior la ONU acusó a Maduro y a sus funcionarios más importantes de estar vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”. La presidenta de la misión Marta Valiñas advirtió que detectaron “motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”.

 
Afirmó que entre esas violaciones hay “ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura”. Señaló que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”.

Aseguró que “el Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes". Indicó que "dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

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