El pedido fue remitido en los últimos días al juez federal 2, Miguel Medina, quien interviene en la causa que se inició a partir de una denuncia presentada por Reinaldo García Gambetta, en su carácter de director de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la provincia de Salta, por presuntas irregularidades en el cobro de subsidios del plan nacional Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y la Compensación Complementaria Provincial y Precio Diferencial de gasoil por parte de la empresa de transporte Virgen de Urkupiña, con sede social en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.

A partir de esta denuncia, el fiscal Villalba solicitó documentación, tanto a la Autoridad Metropolitana de Transporte como al Ministerio de Transporte de la Nación, que permitió requerir al juez más medidas para profundizar la investigación penal del caso por presuntos delitos en perjuicio de fondos del estado nacional. En los últimos días, en tanto, la fiscalía requirió distintos pedidos de informes a organismos nacionales, como el Ministerio de Transporte, del Interior y la Auditoría General de la Nación.

Asimismo, se solicitó la declaración testimonial de García Gambetta y la realización del análisis de la documentación incorporada a personal de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta, de la Gendarmería Nacional.

Estas medidas tienen como objetivo profundizar la investigación en marcha a fin de poder establecer la existencia de las irregularidades denunciadas, como así también el contexto de las mismas y el alcance de las supuestas maniobras que se habrían ejecutado. Con estos elementos, sumado a otras pruebas que ya existen en la causa, la fiscalía espera avanzar en la investigación, sin que hasta el momento se haya determinado imputación penal a una persona determinada.

No obstante, el fiscal, en su dictamen, señaló que de la documentación provista por García Gambetta respecto a la declaración jurada de las líneas correspondientes a la empresa Urkupiña, surgen 16 recorridos, pero se advierte que en dicha nómina no se encuentran incluidos dos tramos en particular, en el norte de la provincia, por los cuales la firma percibió fondos nacionales en concepto de subsidios al transporte.

A partir de la denuncia, la documentación aportada por el denunciante y otras documentales obtenidas por la fiscalía de organismos nacionales y provinciales, el fiscal sostuvo en su dictamen que “se advierte la existencia de inconsistencias entre la declaración jurada presentada por la empresa Transporte Urkupiña SRL, respeto a las líneas que presta, y lo informado por la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios en relación a las líneas que habrían percibido subsidios por compensaciones tarifarias y gasoil a precio diferenciado”.

En vista de ello, y tras hacer un análisis del caso, Villalba señaló que, en este hecho, el “bien jurídico protegido por el fraude en perjuicio de la administración pública es la propiedad. Específicamente, el patrimonio de la administración pública, sea un ente centralizado o descentralizado o una entidad autárquica”.

En consecuencia, el fiscal consideró que los hechos denunciados podrían encuadrar en el delito de defraudación, agravado por ser cometido en perjuicio de la administración pública, establecidos en los artículos 172 y 174, inciso 5, del Código Penal, los que prevén penas máximas de hasta seis años de prisión.

“La empresa Transporte Urkupiña SRL, habría defraudado al Ministerio de Transporte de la Nación al percibir subsidios por líneas que no prestó efectivamente”, indicó Villalba en su dictamen, a través del cual solicitó también las nuevas medidas probatorias en busca de avanzar con la investigación del caso.