Carlos Zannini, el exsecretario de Legal y Técnica y cerebro jurídico del kirchnerismo, ya no será investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia dispuso el cierre, con carácter de definitivo, de la investigación que se instruía en su contra.

El 7 de noviembre pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmó el sobreseimiento de Zannini "haciendo expresa mención" de que la formación de esa causa en nada había afectado el "buen nombre y honor" del exfuncionario. El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, no apeló y el sobreseimiento quedó firme.

Con ese fallo, dictado diez días después de las elecciones presidenciales, Zannini planea su regreso al Poder Ejecutivo libre de causas abiertas en su contra por corrupción, aunque sigue procesado en el caso por el memorándum con Irán. En esa causa, por la que estuvo preso tres meses, se lo acusa del supuesto encubrimiento de los iraníes sospechados de haber organizado el atentado a la AMIA. El caso, que se inició por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, fue elevado a un tribunal oral hace un año y ocho meses, pero todavía no se sabe cuándo va a empezar el juicio. 

Ahora, Zannini se prepara para ser el próximo procurador del Tesoro. Si su designación se hace realidad, en menos de dos años va a haber pasado de preso acusado del encubrimiento del mayor atentado terrorista del país a jefe de todos los abogados del Estado. Y libre de sospechas sobre su patrimonio.

La causa contra Zannini estuvo abierta casi un año en la Justicia. La presentó el 26 de noviembre de 2018 Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del Poder Ejecutivo. Ella había abierto un año y medio antes un expediente contra Zannini por una denuncia anónima, a la que después se sumó otra, que daba cuenta de supuestos negocios millonarios que el exfuncionario estaba haciendo en Villa Nueva, Córdoba, su pueblo natal, a través de un presunto testaferro, que habría tenido gran crecimiento patrimonial (de una modesta gomería a ser titular de vehículos, inmuebles y sociedades, de acuerdo con la denuncia).

La OA no logró acreditar vínculo alguno entre Zannini y su supuesto prestanombre. Así lo reconocieron a LA NACION fuentes del organismo, que dijeron que de todos modos presentaron la denuncia para que el tema lo siguiera investigando, con más recursos, la Justicia.

 Cuando recibió la denuncia, el juez federal Sergio Torres la envió a un juzgado de Córdoba que tenía una similar. Torres era el titular del juzgado donde estaba la causa contra Zannini pero dejó el cargo para asumir como juez de la Corte bonaerense. Lo subroga Canicoba. El 21 de diciembre de 2018 el juez de Córdoba devolvió la causa a Buenos Aires.

El 20 de septiembre pasado la defensa de Zannini presentó una "excepción por falta de acción por inexistencia de delito" y pidió que la causa se cerrara. El fiscal se opuso. Solicitó que la investigación se concentrara en determinar si existía o no vínculo entre Zannini y su supuesto testaferro. Para eso, pidió que se consultara nuevamente a la AFIP y se le pidiera un informe. La defensa dijo que esa consulta era una manera de tener eternamente abierta la investigación y el juez decidió no hacerla.

Canicoba sostuvo que la OA, antes de presentar su denuncia, había hecho una "exhaustiva investigación" para la que incluso autorizó a la División Anticorrupción de la Policía Federal a realizar "discretas tareas de investigación encubierta y seguimiento sobre las personas" involucradas. Canicoba escribió que "pese a la gran cantidad de documentación recolectada, no se logró hallar un solo documento o hecho que vincule" a Zannini con su supuesto testaferro "a excepción de la azarosa circunstancia de que los dos son oriundos del mismo pueblo".

"Debo coincidir -escribió Canicoba- con el planteo de Carlos Zannini, de que mantener abierto este expediente sin ninguna prueba concreta sería incurrir en una 'excursión de pesca."

Este sobreseimiento firmado por Canicoba también podría haber sido apelado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), pero nadie se lo notificó. La PIA, que dirige el fiscal Sergio Rodríguez, tiene atribuciones para intervenir en los casos de presuntos delitos de funcionarios públicos. A pesar de que la ley establece que debe ser informada de las causas contra "agentes públicos", no solo no fue informada del sobreseimiento. Tampoco, de la apertura de la investigación.

En su sobreseimiento, Canicoba dijo incluso que la denuncia "debió haber sido desestimada" desde el principio. Y citó un fallo de la Cámara Federal, de 2017, que en otra causa criticaba la extensión que estaba tomando un expediente. Aquel caso que eligió citar Canicoba era una investigación sobre sociedades off shore. El acusado era Mauricio Macri.

(La Nación)