El Mundo Por: Iván Luis13/11/2026

Álvaro García Linera: la Fiscalía boliviana solicita a Interpol su localización

El exvicepresidente es requerido por la Justicia de su país en una causa por graves violaciones a los derechos humanos vinculada al operativo en el Hotel Las Américas.

La tensión política en Bolivia da un nuevo giro judicial luego de que el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, confirmara el pedido formal de la Fiscalía para activar una notificación azul de Interpol destinada a ubicar el paradero de Álvaro García Linera.

La medida responde a una investigación penal que involucra al exmandatario en presuntos delitos de asesinato, torturas y vejaciones, cargos derivados de la causa que investiga el asalto policial de 2009 en Santa Cruz de la Sierra. Las sospechas sobre su salida del territorio nacional apuntan a que el exfuncionario habría transitado hacia Argentina antes de instalarse en México con la intención de tramitar un asilo político.

Frente a este escenario, la Cancillería boliviana intervino por los canales diplomáticos formales para exigir una confirmación oficial a las autoridades mexicanas sobre el estatus jurídico del exvicepresidente. De concretarse la protección, se trataría del segundo refugio político otorgado por el gobierno de México a figuras de alto perfil de la política boliviana en pocas semanas, tras el asilo concedido a la abogada Nadia Beller.

La causa que complica a García Linera y al expresidente Evo Morales se fundamenta en las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que calificó el operativo del Hotel Las Américas como un episodio de ejecuciones extrajudiciales y abusos sistemáticos contra los detenidos.

Mientras la cooperación internacional busca determinar la ubicación exacta de García Linera mediante el mecanismo de Interpol, el panorama judicial y político interno mantiene otros frentes abiertos de máxima complejidad. En paralelo, Evo Morales permanece refugiado en su bastión político bajo la custodia de organizaciones sociales leales y esquivando una orden de captura vigente por graves acusaciones de índole penal.

La ofensiva de los tribunales contra los jerarcas de la administración pasada profundiza la fractura institucional y pone a prueba los equilibrios diplomáticos de la región ante el refugio de exmandatarios en el extranjero.

(Con información de Infobae)