Muertes de niños en hogares de Salta: cuestionan los controles y la responsabilidad del Estado
Las muertes de menores mencionadas recientemente en relación con Casa Cuna y el Hogar Divino Niño volvieron a poner bajo cuestionamiento el sistema de protección infantil de Salta. La abogada especialista en infancias
Sofía Isasmendi advirtió que existen señales de un funcionamiento deficiente de los organismos encargados de garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal.
“Vemos que hay un colapso y que no estaría funcionando este sistema de protección o al menos como debería estar estructurado”, sostuvo la especialista. Recordó que la Ley Nacional 26.061 establece una obligación irrenunciable del Estado de proteger la integridad de los menores y explicó que, ante eventuales incumplimientos, podrían analizarse responsabilidades civiles e incluso penales.
Sin embargo, aclaró que es necesario conocer los informes, seguimientos y antecedentes de cada caso para determinar si existieron negligencias o situaciones que pudieron prevenirse.
Isasmendi también puso en discusión el papel de la Secretaría de Niñez, encargada de supervisar el funcionamiento de los dispositivos de protección. Planteó que, si los mecanismos habituales de control no funcionan, deben intervenir otros organismos estatales para establecer responsabilidades. Además, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los particulares para denunciar irregularidades y cuestionó qué ocurrió con los profesionales que debían realizar el seguimiento de los menores.
Según explicó, los trabajadores de la salud tienen obligaciones legales de comunicar situaciones que comprometan los derechos de niños y adolescentes.
La abogada sostuvo que estos hechos no pueden analizarse de manera aislada y recordó otros casos que generaron cuestionamientos al sistema de protección provincial, entre ellos el de Tiago. También señaló que las posibles fallas pueden estar relacionadas con problemas de organización, falta de personal o negligencias individuales, cuestiones que requieren una investigación específica.
“Lo peor de todo son las consecuencias, porque nosotros nos ponemos a ver, sin entrar a analizar los antecedentes, porque no sabemos si estos chicos tenían un seguimiento”, expresó, y reclamó esclarecer lo sucedido para evitar nuevas situaciones de desprotección.