El juicio de Jimena Salas aparecía entre las preocupaciones de Cordeyro, reveló el fiscal
La investigación por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro permitió recuperar información de sus comunicaciones y búsquedas digitales que evidenciaron preocupación por el juicio del crimen de Jimena Salas, en el que se encontraba imputado un familiar político.
El fiscal penal Ricardo Espilocín reveló, en Pelo y Barba por Aries que, aunque el teléfono celular del excomisario sufrió daños irreparables durante el incendio registrado en el cerro Elefante, los investigadores lograron acceder a una copia de seguridad almacenada en la nube.
Según explicó, los especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de un laboratorio de Buenos Aires determinaron que no era posible recuperar directamente los datos del dispositivo debido al deterioro de su placa y memoria.
Sin embargo, mediante una autorización judicial, consiguieron duplicar la tarjeta SIM asociada a la línea telefónica y acceder a información respaldada hasta el 19 de septiembre de 2025.
Qué encontraron en las conversaciones
Espilocín explicó que entre los datos recuperados había mensajes de WhatsApp y búsquedas relacionadas con distintas investigaciones judiciales.
Uno de los temas que aparecía reiteradamente era el juicio por el homicidio de Jimena Salas, debido a la participación de un familiar político de Cordeyro entre los imputados.
“Había numerosas conversaciones con personal policial, con diferentes familiares, referidas al juicio”, detalló el fiscal.
Según indicó, en esos intercambios se discutía la contundencia de una prueba genética, se formulaban críticas a los investigadores y se manifestaba preocupación por el inicio del debate judicial.
Qué determinó la autopsia psicológica
El fiscal señaló que estos hallazgos coincidieron con el resultado de la autopsia psicológica realizada durante la investigación.
Ese estudio identificó el inicio y desarrollo del juicio por el crimen de Jimena Salas como uno de los posibles factores de preocupación del excomisario.
No obstante, Espilocín aclaró que la investigación penal no tuvo como objetivo establecer un motivo específico para el suicidio, sino determinar si existió intervención de terceras personas.
La Unidad Fiscal finalmente desestimó las actuaciones al concluir que no se encontraron elementos que permitieran atribuir responsabilidad penal a otras personas.