Dos mujeres que debían tener consigna complicaron a los policías imputados por el femicidio de Natalia
La causa contra los policías imputados por el femicidio de Natalia Cruz suma nuevos testimonios que complican a los policías y muestran la deficiencia de las consignas policiales en casos de violencia de género.
Se trata de agentes de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano que, según la investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta habrían incluso elaborado un informe policial con datos falsos para encubrir ese incumplimiento.
Los policías están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber implementado la custodia ni informado a la autoridad judicial que no podían hacerlo.
Según confirmó en comunicación con Aries la abogada de la familia, Sol Pastrana, otras dos mujeres que tenían ordenadas consignas fijas declararon que nunca fueron cumplidas. “Tenemos testimoniales de dos nuevas víctimas, quienes también tenían ordenadas consignas fijas y no se estaban cumpliendo”, explicó la letrada. Según habrían contado en sus testimoniales, las mujeres relataron que la policía iba a sus casas, pero no les explicaba que tenían una consigna ordenada: “Simplemente les llevan una planilla en la que les hacen firmar. Al preguntarles si había un policía en la puerta cuidándolas, respondieron que nunca hubo nadie”, cuestionó.
Respecto a los casos que necesitaban consigna, la abogada precisó que “eran casos muy graves de violencia familiar y género. Que por suerte no llegaron a tener el resultado de Natalia, pero sí sufrieron bastantes hechos”.
Pastrana remarcó que la querella revisó la documentación y comprobó que existen resoluciones que ordenan la consigna fija en esos casos, pero que “nunca se cumple, solamente les hacen firmar”. La abogada aseguró que además se hizo un allanamiento a la comisaría y se secuestró documentación.
Diez imputados
Son diez los policías imputados. Nueve estaban en funciones al momento en que debía cumplirse la consigna de Natalia. Todos pertenecen a la misma comisaría, algunos del turno mañana y otros del turno tarde, por lo que la investigación busca determinar en qué momento debían cumplirse las consignas de las otras víctimas y a quién le correspondía la responsabilidad en cada caso.
La investigación está a cargo de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, con Claudia Geria, y de Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios (UFEM).
El caso
Natalia Cruz, de 37 años, fue asesinada en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, y la familia sostiene desde el inicio que hubo un grave incumplimiento de las fuerzas de seguridad. Ella contaba con una orden judicial que establecía una custodia policial fija por episodios de violencia de género. Horas antes del crimen había ido a la comisaría a informarse sobre la medida de protección, pero la custodia dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género nunca se implementó.
La madre de Natalia había denunciado que su hija viajó a Salta capital para radicar una denuncia y pedir otra orden de restricción contra su pareja, Daniel Orlando Serapio, hoy principal acusado del femicidio. Serapio fue capturado tras varios días prófugo, escondido en una cueva del paraje La Burra en Rosario de Lerma, cerca de la estación Diego de Almagro, luego de un rastrillaje con más de 60 efectivos; el gobernador Gustavo Sáenz había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos.