El IPV transfirió cuatro terrenos al Gobierno de Salta para salud, educación y seguridad
El Gobierno de Salta aceptó la transferencia de cuatro terrenos pertenecientes al Instituto Provincial de Vivienda (IPV), ubicados en el departamento Capital, para destinarlos formalmente a servicios públicos vinculados con educación, salud, seguridad y abastecimiento de agua.
La decisión fue establecida mediante el Decreto Nº 634/26, publicado en el Boletín Oficial de ayer viernes.
Los inmuebles habían sido transferidos por el IPV mediante una resolución de julio de 2023, pero la aceptación y asignación administrativa quedaron formalizadas a través del nuevo decreto del Poder Ejecutivo.
Qué pasará con cada inmueble
Uno de los terrenos, identificado con la matrícula Nº 149.843, fue destinado al Ministerio de Educación y Cultura.
En ese espacio ya funciona el Colegio Secundario Nº 5170, por lo que la decisión permite regularizar administrativamente la afectación del inmueble a la actividad educativa.
Otro terreno, matrícula Nº 149.844, quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de que esa cartera pueda disponer de él.
El decreto no establece la construcción inmediata de un hospital o centro sanitario, ni detalla qué proyecto se desarrollará en la parcela.
Seguridad y abastecimiento de agua
El tercer inmueble, identificado con la matrícula Nº 149.845, fue asignado al Ministerio de Seguridad.
Allí se encuentra construida la Comisaría Duodécima, por lo que la medida formaliza la utilización de ese terreno por parte del organismo responsable de la seguridad provincial.
Finalmente, el inmueble con matrícula Nº 149.846 fue afectado a Aguas del Norte (CoSAySa) para la administración de un pozo y tanque de agua existentes.
De esta manera, la distribución de las parcelas comprende una institución educativa, una dependencia policial, infraestructura sanitaria proyectada y equipamiento de provisión de agua.
Una transferencia que comenzó en 2023
El expediente tiene su origen en la Resolución Nº 884/2023 del IPV, mediante la cual el organismo dispuso la transferencia de los cuatro inmuebles al Estado provincial.
El decreto publicado en octubre de 2026 completa una instancia administrativa de ese proceso y asigna los bienes a las áreas que corresponden.
La medida contó con intervenciones favorables de organismos provinciales y establece que la Dirección General de Inmuebles, la Contaduría General y las dependencias de administración de tierras deberán efectuar los registros correspondientes.
Se trata de una regularización patrimonial de terrenos públicos, no de un anuncio de construcción de cuatro nuevas instalaciones.