Moyano reclama adelantar indemnizaciones previstas para 2028

Camioneros exige que las empresas de recolección de residuos paguen ahora compensaciones que corresponderían al finalizar las concesiones. El costo podría llegar a US$200 millones.

Hugo Moyano volvió a poner en tensión la discusión por el servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires al reclamar que las empresas concesionarias anticipen las indemnizaciones que corresponderían al finalizar los contratos vigentes en 2028.

El planteo se produce mientras el Gobierno porteño avanza con la renovación del servicio público de higiene urbana para el período 2028-2038.

La discusión tendrá una instancia clave el próximo 5 de octubre, cuando se realice una audiencia pública para analizar los nuevos pliegos. Camioneros pretende que se aplique el mecanismo conocido como “Ley Moyano”, aunque no se trata de una ley formal.

Es una práctica que el gremio sostiene desde 1998 y que consiste en que, cuando finaliza una concesión, la empresa saliente despide e indemniza a los trabajadores y luego la nueva concesionaria vuelve a contratarlos.

En esta oportunidad, el sindicato busca que esos pagos se adelanten, pese a que los contratos actuales vencerán recién en 2028.

El reclamo alcanza a unos 6.000 trabajadores del sector. Según las estimaciones difundidas, el costo total de las indemnizaciones podría ubicarse entre US$100 millones y US$200 millones.

El Gobierno porteño, por ahora, no contempla incorporar esos pagos en los nuevos pliegos de licitación.

La disputa se da en un momento sensible para la relación entre Camioneros, las empresas concesionarias y la administración de Jorge Macri.

La renovación del servicio contempla contratos para la próxima década y obliga a definir qué ocurrirá con el personal cuando cambien las empresas adjudicatarias.

Para el gremio, el pago de las indemnizaciones forma parte de una práctica que históricamente buscó garantizar compensaciones a los trabajadores ante cada cambio de concesión.

Desde el lado empresario y del Gobierno porteño, en cambio, la discusión pasa por el costo de ese esquema y por la continuidad laboral en un servicio que no se interrumpe aunque cambie la concesionaria.

La audiencia pública del 5 de octubre será el próximo escenario formal de una negociación que todavía mantiene diferencias importantes.

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