Cortocircuito y quiebre entre la Casa Rosada y sus diputados por la ley de discapacidad

“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley de presupuesto, enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad. Las modificaciones de la Casa Rosada generaron malestar en el Pro porque dejan de lado los “innegociables” que habían planteado los aliados que acompañaron la iniciativa el año pasado.

El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que incomodó al Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.

“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejó el Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.

“El apartado de discapacidad que se ha incluido en el proyecto de presupuesto no viene en sintonía con el trabajo que se está realizando en los plenarios. Ahora vamos a discutir en el bloque para ver cómo seguimos”, remarcaron cercanos a la UCR.

Pero fueron los propios libertarios quienes no lograron disimular su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.

Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño en el presupuesto vinculado a las demandas de los aliados. Finalmente se avanzó en sentido contrario.

La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento de poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.

Más tarde, todavía con la comisión en curso, el oficialismo ordenó su discurso y en boca de Rodríguez Machado llamó al consenso y a seguir trabajando una iniciativa “superadora”. Entonces, relativizó el alcance del capítulo 6 del presupuesto que establece las derogaciones a la ley de emergencia al reparar su condición de proyecto.

“En el medio de esto, nuestro bloque está trabajando -y convoco a los que se quieran sumar por un concepto superador- de lo que son y han sido siempre las emergencias en Argentina”, resaltó.

“Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos que tenemos que algunos he escuchado hoy surgen recientemente pero que viene históricamente relegada de las políticas públicas en la Argentina”, agregó Rodríguez Machado.

En una suerte de control de daños, cercanos al despacho de Martín Menem resumieron: “El presupuesto se venía trabajando hace 4 meses y esos puntos no son congruentes con la estrategia parlamentaria. Lo que va a primar es la estrategia parlamentaria”.

Así, se refirieron a una “discrepancia” con el Ejecutivo en los lineamientos que LLA venía trabajando para lograr un aval de la oposición en torno a un nuevo proyecto de discapacidad. Hasta el momento, se trataba solo de un borrador que procuraba considerar algunas de las exigencias de Pro, UCR y otros bloques cercanos para asegurarse un acompañamiento en el recinto.

A lo largo de la jornada, los libertarios minimizaron la maniobra y dejaron en claro que la derrota parlamentaria sufrida durante el tratamiento del Presupuesto del año pasado todavía está fresca.

“No vamos a dejar nada para que nos volteen un capítulo en la discusión del Presupuesto”, en relación con lo ocurrido el año pasado con el capítulo 11 del proyecto oficial, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

La aclaratoria no es aislada, al comienzo del encuentro el diputado de Unión por la Paria (UP) Juan Marino llamó a suprimir el capítulo completo que introduce todas las modificatorias.

Desde la Casa Rosada, en tanto, se desentendieron de la cuestión. “Tienen todo el derecho a discutirlo en Comisión”, manifestaron ante las consultas de LA NACION, sobre la polémica desatada.

Se limitaron a destacar que “el gobierno hizo su parte (al enviar el Presupuesto) y que ahora es el turno de la bancada oficialista”, de defender el proyecto o negociarlo frente a sus pares.

En medio de la interna oficialista, el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda incluyó la exposición de más de 15 oradores del sector prestacional, que coincidieron en describir la situación apremiante que atraviesan los centros de salud, no solo en términos económicos, sino también financieros.

Advirtieron sobre un desfasaje en la actualización de los pagos a los prestadores y las compensaciones de emergencia correspondientes a 2024, todavía adeudadas, y cuestionaron además los tiempos de cobro, que pueden extenderse por más de 120 días.

Fuentes del sector estiman que en algunos casos la brecha alcanza el 60% respecto de los valores de referencia. Para dimensionar la situación, ponen como ejemplo los $5000 diarios destinados a cubrir el desayuno, almuerzo y merienda de cada chico en centros educativos. Para los beneficiarios celíacos, el valor es el mismo, pese al mayor costo de su alimentación.

Los cambios del presupuesto

Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto y que derivaron en la polémica, se propuso eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

La jugada del Gobierno podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo, que quedó a la espera de mayores detalles para definir cómo avanzar. Las dudas imperan en el bloque amarillo. Nadie quiere asumir el costo político de una propuesta que implique un retroceso en los derechos adquiridos.

No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

La Nación