Orán: Lara Gross puso el foco en tierras ociosas y en el control sobre propiedades rurales
El intendente de Orán, Baltasar Lara Gross, se refirió al relevamiento sobre extranjerización de tierras y sostuvo que una parte importante de las propiedades en manos extranjeras corresponde a empresas productivas con presencia histórica en la zona.
Según explicó, muchas de esas tierras están vinculadas con actividades económicas que generan empleo y son anteriores a la normativa que regula la extranjerización. Por eso, consideró necesario distinguir entre ese tipo de casos y otras propiedades más pequeñas que puedan generar dudas sobre su titularidad o destino.
Lara Gross señaló que el municipio no tiene competencia directa sobre el área rural, ya que el registro y control de los inmuebles corresponde a organismos provinciales. Sin embargo, admitió que existen situaciones que encienden alertas y que requieren seguimiento.
“Hay tierras que son del Estado y que no se ocupan para nada”, advirtió.
Como ejemplo, mencionó terrenos donde se detectaron ocupaciones y extracción ilegal de madera. Según relató, el municipio trabajó junto con el Gobierno provincial para desalojar a personas que habían alambrado parte de una finca estatal.
Uno de los proyectos en marcha es Finca El Carmen, donde el municipio trabaja con la Provincia y la Universidad Nacional de Salta para desarrollar un espacio verde de usos múltiples. La propuesta contempla preservar el entorno natural y generar actividades recreativas como ciclismo, trekking, pesca deportiva y remo, sin avanzar con desmontes.
Lara Gross sostuvo que la clave pasa por ejercer presencia estatal sobre esos terrenos para evitar nuevas ocupaciones y darles un uso concreto.
“Lo que tenemos que hacer es ejercer posesión, que haya presencia estatal”, afirmó.
El intendente remarcó que buena parte de las tierras ubicadas dentro del municipio están actualmente en producción, aunque reconoció que existen sectores de yungas o áreas sin desmontar que requieren controles periódicos.
Para Lara Gross, el desafío es combinar la defensa de la actividad productiva con una mayor vigilancia sobre tierras ociosas, propiedades fiscales y operaciones que puedan generar dudas sobre su verdadero destino.