Judiciales Silvia Noviasky 08/09/2026

El intendente de Cerrillos aseguró que lo que explicó el dueño de Cerdo Negro “por ahí ocurre”

Enrique Borelli se mostró sorprendido por la noticia de imputación por trata laboral de la empresa local. Sobre las explicaciones del empresario, indicó que eso a veces sucede. 

Como primicia de Aries, se conoció la semana pasada que imputaron al dueño de Cerdo Negro por trata laboral. La Unidad Fiscal encabezada por Eduardo Villalba pidió la imputación de José Antonio "Quico" Fernández, y el juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar al pedido.

El intendente de Cerrillos —municipio que fue declarado recientemente capital nacional del Cerdo Negro— aseguró que todos estaban "sorprendidos" con la noticia. "Nosotros mismos los usamos en la Feria Internacional de Turismo, para promover a Cerrillos", afirmó en el programa NyN, de Aries.  Borelli se refirió a la explicación que dio el empresario ante la justicia: "Esas zonas o esas construcciones de adobe, que es lo que denuncian, son viejísimas, están en todas las fincas de la zona, de cuando venían los trabajadores golondrina para la cosecha del tabaco. Muchas fincas fueron modificando, construyeron otro tipo de viviendas; otras cambiaron de producción y quedaron abandonadas. En algunos casos se demolieron, en otros no", explicó, y aseguró que eso "en algunas fincas por ahí ocurre".

Fernández ya prestó declaración durante la audiencia de imputación y, sobre las viviendas precarias, sostuvo que "se trataba de una conducta propia de ellos, ya que los baños con letrina no estaban habilitados, pero ellos igual los usaban". También lamentó "no haber derribado esas piezas" y se defendió argumentando que los lugares habilitados —que tenían hasta aire acondicionado— no fueron fotografiados.

¿Trabajadores del tabaco?

La auxiliar fiscal Vanina Pedrano y el abogado José Manuel Lavilla informaron, durante la audiencia de imputación de la semana pasada, que el caso se originó a raíz de una denuncia anónima al 145.

Los investigadores advirtieron tres irregularidades: las condiciones de vivienda, los salarios y el registro indebido de 20 trabajadores. Además de las condiciones habitacionales, se cuestionó la situación laboral, ya que se constató que no había horarios establecidos, sino que el empresario "disponía de manera discrecional" de los trabajadores. También quedó bajo la lupa la categoría en la que estaban registrados: como trabajadores del tabaco. Esto, según los fiscales, se traducía en un salario de 500 mil pesos, menor al que debían percibir quienes eran luego destinados "a la cosecha de aceituna o a la producción porcina". En ese sentido, y para remarcar la capacidad económica del empresario, señalaron —según un informe de ARCA— que Fernández registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025, y una suma similar en lo que va de este año.

Los fiscales destacaron, además, que durante el operativo encontraron adultos mayores "que eran explotados con tareas excesivas" y con pagos tan bajos que "uno de ellos debía asistir a un comedor de Cáritas".

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