Rodrigo Paz evalúa extender el estado de excepción y crece la tensión social
Distintos sectores sociales de Bolivia expresaron su rechazo a una eventual ampliación del estado de excepción que rige desde junio, mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz analiza mantener la medida ante el riesgo de nuevas protestas y bloqueos.
El estado de excepción fue establecido luego de más de 50 días de movilizaciones y cortes de rutas que afectaron la circulación de combustibles, alimentos y otros productos. La medida, con una vigencia de 90 días, se encuentra próxima a concluir durante la segunda quincena de septiembre.
Sin embargo, integrantes del Gobierno comenzaron a plantear públicamente la posibilidad de extenderla. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que existe una posición favorable dentro del Ejecutivo debido a que, según consideró, permitió recuperar la normalidad después de los bloqueos.
La posibilidad encontró rápidamente resistencia entre organizaciones sindicales, campesinas, cocaleras y productivas, que advierten que los problemas económicos que originaron las protestas todavía no fueron solucionados.
Entre los principales cuestionamientos aparecen el desabastecimiento de combustibles, las dificultades para acceder al diésel, la escasez y encarecimiento del dólar y el rechazo al Decreto Supremo 5676, que modificó el esquema de subsidios energéticos para grandes consumidores.
La Central Obrera Boliviana (COB) también se pronunció contra una eventual prórroga y volvió a pedir la derogación del decreto. Desde la organización sostienen que el incremento en los costos del combustible terminó trasladándose a los alimentos, el transporte y distintas actividades productivas.
El escenario comenzó nuevamente a tensionarse esta semana. Productores agrícolas instalaron bloqueos en distintos puntos de Santa Cruz en rechazo al nuevo esquema para la provisión de diésel, pese a las restricciones vigentes por el estado de excepción.
Otros sectores ya anticiparon que esperarán el vencimiento de la medida para retomar las movilizaciones, mientras organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales convocaron a un ampliado nacional para fines de septiembre.
Desde el Gobierno argumentan que la continuidad del estado de excepción permitiría evitar nuevos bloqueos y garantizar la circulación en las carreteras. Algunos legisladores oficialistas también comenzaron a respaldar su extensión, que requerirá intervención de la Asamblea Legislativa.
Así, a pocos días de que termine el plazo vigente, Bolivia vuelve a enfrentar un escenario de tensión entre un Gobierno que evalúa prolongar las restricciones y sectores sociales que reclaman recuperar plenamente el derecho a movilizarse y exigen respuestas a una crisis económica que continúa afectando al país.