Denuncian que la secretaria de Ciencia hizo su doctorado en una universidad que vende títulos por 400 dólares
Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentada como doctora en Inteligencia Artificial, aunque sus credenciales fueron miradas de reojo por la comunidad científica. Ahora, su título es cuestionado en una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano, que incluyó una “compra de prueba” en la que se ofreció un supuesto doctorado en IA por US$400 a través de una universidad de Hawái.
La institución en cuestión es la American Andragogy University (AAU). Según la denuncia, Pagano se contactó con la universidad para averiguar cómo podía obtener un doctorado en Inteligencia Artificial.
La respuesta que recibió derivó en una operación que, de acuerdo con la legisladora, quedó registrada mediante capturas de pantalla, conversaciones por WhatsApp y comprobantes de pago.
Un doctorado que costaría US$ 400
La AAU publica en su sitio que el valor de su programa doctoral es de US$7.000. Sin embargo, cuando Pagano hizo la consulta, le ofrecieron acceder al doctorado por US$400 en un único pago.
Además, según la documentación que la diputada incorporó a la denuncia, le ofrecieron una supuesta beca que ella no había solicitado y le enviaron documentación que contenía errores de tipeo.
Pagano explicó que necesitaba el doctorado como requisito para acceder a un cargo. A partir de ese momento, el contacto con la universidad avanzó hasta formalizar su admisión.
De acuerdo con la denuncia, el pago de los US$400 fue aprobado el 14 de agosto. Después, la legisladora recibió documentación vinculada al supuesto programa doctoral. Todo esto ocurrió, siempre según la presentación judicial, sin que se le exigiera rendir un examen ni presentar documentación que acreditara previamente un título de grado, y en apenas 8 días.
La denuncia contra Baravalle y la universidad
Con la documentación reunida, Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue el origen y la validez del doctorado atribuido públicamente a la funcionaria.
La presentación plantea la posible comisión de delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa. Se trata, de todos modos, de hipótesis formuladas en la denuncia y que deberán ser investigadas y determinadas por la Justicia.
La denuncia alcanza a Baravalle, a los responsables de la American Andragogy University y a quienes pudieran resultar responsables.
Además, Pagano pidió que se incorporen los antecedentes académicos utilizados por la funcionaria al asumir su cargo y que se consulte a las instituciones educativas mencionadas en su trayectoria. Entre ellas está la Universidad Austral, donde Baravalle figura como magíster en Ciencia de Datos, y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), vinculada a sus estudios como doctoranda en Ingeniería y a su título de Analista de Sistemas.
Qué dice el perfil académico de Baravalle
Otro de los puntos que aparecen en la denuncia es el perfil profesional de Baravalle en LinkedIn. Allí figura como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque en esa presentación no se identifica la universidad que habría otorgado el título.
La diferencia cobra relevancia porque, al momento de su designación, el Gobierno sí presentó a Baravalle como doctora en Inteligencia Artificial.
Cuando fue anunciada como funcionaria, el propio Javier Milei compartió un posteo en el que la definió como una “eminencia en ciberseguridad y doctora en IA”, acompañado por la expresión “MAGA!”.
Ahora, el título quedó bajo investigación judicial.
Qué deberá determinar la Justicia
La denuncia no implica, por sí misma, que el título de Baravalle sea falso ni que la funcionaria haya cometido un delito. Eso deberá determinarlo la investigación judicial.
El punto central será establecer qué estudios realizó Baravalle, qué institución emitió efectivamente su doctorado, bajo qué condiciones fue obtenido y qué reconocimiento académico tiene ese título.
En paralelo, la operación realizada por Pagano busca aportar un elemento concreto a esa discusión: si una persona que no presentó un título de grado ni rindió un examen pudo acceder a un supuesto doctorado de la misma institución por US$400, la Justicia deberá determinar qué relación existe entre ese procedimiento y el título que Baravalle exhibe como parte de sus antecedentes académicos.
Antecedentes en Perú y Panamá
La Universidad fue cuestionada en otros países de la región. En Perú, el entonces ministro de Ambiente Juan Carlos Castro tuvo que dar explicaciones por un doctorado en Ciencias Ambientales obtenido en esa institución, cuestionada por no contar con acreditación reconocida en Estados Unidos.
En Panamá, el caso tuvo consecuencias concretas: la Universidad Autónoma de Chiriquí revocó en 2025 cargos de docentes que habían presentado títulos de esa universidad y dejó sin efecto su validación para concursos y ascensos. En 2026, además, el Ministerio Público abrió una investigación por títulos no reconocidos.
Página12