Colombia profundiza la ofensiva militar: un bombardeo dejó 20 muertos
Un operativo militar realizado en el departamento colombiano de Guaviare dejó 20 muertos, cinco capturados y dos menores recuperados, en uno de los mayores golpes recientes contra las disidencias de las antiguas FARC.
La denominada Operación Azarías estuvo dirigida contra el Frente Carolina Ramírez, estructura del Estado Mayor Central (EMC) vinculada a Iván Mordisco, uno de los principales jefes de las disidencias. Entre los muertos fue identificado alias “Tigre” o “Pintado”, señalado por el Gobierno como jefe de esa estructura y hombre cercano a Mordisco.
Durante el operativo, las fuerzas colombianas también incautaron 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, equipos de campaña y chalecos, según el balance oficial. El Gobierno sostuvo que el ataque afectó las capacidades militares, logísticas y financieras del grupo y su control sobre corredores utilizados para el narcotráfico.
La operación marca además el endurecimiento de la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el 7 de agosto. En apenas tres semanas de gestión, su Gobierno ya ordenó tres bombardeos contra estructuras armadas: uno contra el ELN en Catatumbo y otros dos contra disidencias de las FARC en Guaviare.
El nuevo Gobierno también comenzó a desmontar parte de la estrategia de “paz total” impulsada por Gustavo Petro. De la Espriella dio por terminadas varias mesas de diálogo con organizaciones armadas y priorizó una estrategia de presión militar sobre los grupos que considera sin voluntad de desmovilización.
La ofensiva, sin embargo, también abrió cuestionamientos por la presencia de menores reclutados por las organizaciones armadas. Días antes, Medicina Legal confirmó que tres adolescentes de 15 y 16 años murieron en otro bombardeo realizado en Guaviare.
El Gobierno responsabiliza a las disidencias por el reclutamiento de menores y sostiene que las operaciones continuarán. Organizaciones humanitarias, en cambio, piden extremar las medidas de protección ante la posibilidad de que niños y adolescentes permanezcan dentro de los campamentos atacados.
Con la Operación Azarías, Colombia profundiza así un giro en su política de seguridad: menos negociación y una ofensiva militar más intensa contra las disidencias y otros grupos armados.