Baja la edad de imputabilidad: qué cambia en Salta desde el 5 de septiembre
Desde el 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. En Salta, el principal cambio será la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años, ya que el sistema provincial vigente alcanza actualmente a jóvenes desde los 16.
La provincia cuenta desde diciembre de 2023 con un régimen especializado para adolescentes en conflicto con la ley penal. El modelo reemplazó al antiguo esquema tutelar y estableció un sistema en el que los jóvenes pueden responder penalmente por sus actos, pero bajo reglas diferentes a las aplicadas a una persona adulta.
En términos concretos, la nueva ley implica que un adolescente desde los 14 años podrá ser sometido a un proceso penal cuando sea acusado de cometer un delito previsto en el Código Penal. Sin embargo, la Justicia deberá considerar su edad, grado de madurez, entorno familiar y situación social. El régimen prioriza medidas socioeducativas y establece que la privación de la libertad debe aplicarse como último recurso.
La fiscal penal juvenil Mercedes de la Cuesta explicó en Pelo y Barba que Salta ya trabaja con una estructura similar a la prevista por la normativa nacional. La provincia cuenta con dos fiscalías penales juveniles, centros de detención específicos y distintos dispositivos de seguimiento para adolescentes institucionalizados.
Según detalló De la Cuesta, al sistema penal juvenil salteño llegan habitualmente entre 800 y 900 denuncias por año. Entre los delitos que generan mayor preocupación aparecen los abusos sexuales, aunque la respuesta judicial depende de la gravedad y las características particulares de cada causa.
La ley establece además una escala progresiva de sanciones, que puede incluir amonestaciones, prohibiciones, reglas de conducta y medidas socioeducativas. En los hechos de mayor gravedad puede disponerse la privación de la libertad, con un máximo de pena previsto de 15 años.
Otro aspecto central es que los adolescentes no pueden permanecer detenidos junto a personas adultas. Por ese motivo, deben ser alojados en establecimientos especializados y contar con asistencia de equipos interdisciplinarios durante el proceso judicial y el cumplimiento de las medidas dispuestas.
Con la entrada en vigencia del régimen nacional, el desafío para Salta estará en absorber una nueva franja etaria dentro de una estructura que ya funciona. La incorporación de jóvenes de 14 y 15 años obligará a fortalecer fiscalías, equipos profesionales, espacios de alojamiento y dispositivos de acompañamiento para responder al aumento potencial de casos.