Paz rompió el silencio sobre Cerimedo: “Nunca hubo un contrato”
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reconoció que el consultor político argentino Fernando Cerimedo colaboró durante su campaña electoral y en los primeros meses de su gestión, aunque negó que haya tenido un cargo, contrato o autorización para representar oficialmente al Gobierno.
La aclaración llegó en medio de la repercusión por la situación judicial de Cerimedo, quien permanece detenido preventivamente en Bolivia mientras es investigado por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. La Justicia dispuso 180 días de detención preventiva mientras avanza la causa.
Paz explicó que el consultor argentino había llegado al país para trabajar en la campaña electoral de 2025 y que, después de la primera vuelta, comenzó a colaborar con su espacio político de cara al balotaje. “Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del Gobierno”, reconoció el mandatario.
Sin embargo, buscó marcar una diferencia entre esa colaboración política y una función institucional. Según sostuvo, “nunca hubo un contrato” ni una relación laboral equivalente a la de un ministro, viceministro o delegado presidencial.
“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, afirmó Paz, en un intento por despejar las versiones sobre la influencia que el argentino habría tenido dentro de su administración.
El vínculo quedó bajo mayor cuestionamiento después de la detención de Cerimedo y de las acusaciones formuladas por distintos actores políticos bolivianos y por la propia Beller acerca de su supuesto peso dentro del Gobierno. La defensa del consultor, por su parte, rechaza las acusaciones penales y cuestiona la investigación.
Frente a la polémica, Paz pidió que la Justicia avance sobre pruebas concretas y buscó establecer una distancia institucional: admitió que Cerimedo participó de su campaña y colaboró al comienzo de su gestión, pero negó que haya sido funcionario o que estuviera autorizado para actuar en nombre del Ejecutivo boliviano.