Pichanal: cuestionan informes policiales que derivaron en la detención de Luján Ruarte
El caso de Luján Ruarte, la joven de 18 años detenida durante un operativo de desalojo en Pichanal, sumó nuevos cuestionamientos por parte de su familia y de su abogado defensor, Quiroga, quien sostiene que la situación debe analizarse en un contexto previo de vulnerabilidad y falta de acompañamiento estatal.
Según la defensa, desde 2024 existe un diagnóstico de retraso madurativo que había sido informado a las autoridades. Para Quiroga, esa condición debía haber sido tenida en cuenta durante el procedimiento que terminó con la detención de la joven y la separación temporal de su hija de apenas un mes.
El abogado también cuestionó los informes policiales elaborados durante el desalojo, en los que se habría consignado que Luján y su pareja se resistieron a la autoridad. La defensa sostiene además que la familia no comprendió completamente algunas de las actuaciones realizadas y que su situación de vulnerabilidad no habría sido contemplada de manera adecuada.
Otro de los puntos centrales es la separación de la bebé. Según el planteo de Quiroga, los informes indicaban que la niña se encontraba en una situación de peligro y ese argumento habría sido utilizado para apartarla temporalmente de su entorno familiar.
Tras asumir la defensa, Quiroga logró que Luján recuperara la libertad y posteriormente se avanzara con la restitución de la niña. Sin embargo, el abogado sostiene que el caso no debe limitarse al episodio del desalojo, sino que debe investigarse cómo actuaron los distintos organismos frente a una joven madre con antecedentes de vulnerabilidad.
La familia enfrenta además una situación habitacional crítica. La casilla en la que vivían fue desarmada durante el operativo y ahora reclaman asistencia para poder garantizar un lugar adecuado para Luján, su pareja y la bebé.
Mientras la defensa revisa las actuaciones realizadas durante el procedimiento, el caso vuelve a poner en discusión el rol del Estado frente a familias vulnerables y el deber de garantizar una intervención que contemple tanto la protección de los niños como los derechos de las personas que requieren asistencia especial.