Política06/08/2026

Escudero: “No podemos regalar la frontera al narcotráfico”

La ex senadora cuestionó la flexibilización de los límites a la compra de tierras por extranjeros y advirtió por el impacto en zonas estratégicas, comunidades indígenas y recursos naturales.

La exsenadora nacional Sonia Margarita Escudero, que acompañó con su voto la sanción de la Ley de Tierras en 2011, defendió la vigencia de la norma y cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno nacional, al considerar que podrían debilitar la protección de zonas estratégicas y favorecer una mayor extranjerización de la propiedad rural.

Escudero reconoció que la norma podía ser mejorada, pero remarcó que no debía perder su objetivo central. “La ley de 2011 no era perfecta, pero lo que no puede hacerse es eliminar su objetivo”, sostuvo.

La exlegisladora cuestionó especialmente la eliminación de límites para la compra de tierras por extranjeros y la flexibilización de las restricciones en zonas de seguridad.

El riesgo para Salta

Escudero señaló que la discusión tiene un impacto particular en Salta por su condición de provincia fronteriza y vinculó la protección territorial con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Los 150 kilómetros hacia el interior del país son considerados zona de seguridad. No podemos regalar la frontera al narcotráfico, porque nos van a correr la frontera. Eso es inadmisible”, advirtió.

También alertó que una mayor concentración de tierras en manos extranjeras puede elevar los precios y dificultar el acceso de productores y ciudadanos argentinos a la propiedad rural.

Críticas a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego

Escudero cuestionó además las modificaciones propuestas en la Ley de Manejo del Fuego. Según explicó, las restricciones al cambio de uso del suelo quedarían concentradas en los bosques nativos.

Advirtió que bosques implantados, humedales y áreas naturales protegidas podrían quedar sin resguardo suficiente después de un incendio.

La ex senadora pidió que cualquier reforma sea debatida con gobernadores, municipios y comunidades antes de avanzar con cambios que afecten la propiedad de la tierra y la protección ambiental.

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