El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, presentó la acusación y requirió la apertura a juicio contra los exintegrantes de la Brigada de Investigaciones N.º 1 Walter Omar Mamani, acusado como presunto autor del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real (dos hechos), y Juan de Dios Solano, acusado como presunto coautor del delito de falsedad ideológica de instrumento público, por la presunta inserción de datos falsos en instrumentos públicos confeccionados durante un allanamiento realizado en agosto de 2011.
Esta investigación tiene como antecedente un informe presentado el 12 de agosto de 2011 por el entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo en la investigación por el homicidio de las ciudadanas francesas. En él puso en conocimiento que el sector donde Walter Omar Mamani y otros efectivos hallaron dos proyectiles había sido previamente registrado de manera exhaustiva, centímetro por centímetro e incluso con un detector de metales. Esa circunstancia llamó su atención y lo llevó a advertir al juez de Instrucción sobre la posibilidad de que los elementos hubieran sido colocados posteriormente para desvirtuar la investigación.
Según la acusación fiscal, las actuaciones adquirieron especial trascendencia porque el arma cuyo supuesto hallazgo quedó documentado durante ese procedimiento fue posteriormente incorporada a la investigación por el doble homicidio de las ciudadanas francesas ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo, circunstancia que derivó en que el propietario de la vivienda allanada, Raúl Alfredo Sarmiento, fuera sometido a proceso en esa causa.
El allanamiento se originó en una investigación por el robo de distintos elementos desde una finca. En ese marco, el entonces oficial auxiliar Walter Omar Mamani vinculó a Raúl Alfredo Sarmiento con parte de los bienes denunciados como sustraídos y promovió el pedido de la orden judicial, que se ejecutó el 4 de agosto de 2011 en una vivienda de San Lorenzo, con Mamani a cargo del procedimiento y Juan de Dios Solano supervisando su legalidad.
Según el acta de secuestro y el informe policial, la búsqueda de los elementos robados arrojó resultado negativo. No obstante, se dejó constancia del hallazgo, enterrado en el jardín, de un revólver calibre .22 con cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin percutar, lo que dio lugar a actuaciones por averiguación de procedencia y a la demora de Sarmiento
La investigación por la presunta falsedad se inició a partir de las declaraciones de Raúl Alfredo Sarmiento, quien negó que el arma hallada durante el allanamiento le perteneciera. Según relató, al advertir que los policías no encontraban los elementos buscados comenzó a observar atentamente el procedimiento porque conocía antecedentes de supuestas «fabricaciones de causas».
Afirmó que vio a un efectivo cavar un pequeño pozo junto a una higuera y a otro colocar allí un arma envuelta en un trapo, tras lo cual le preguntó: «¿De dónde has sacado esta arma, chango?». Sostuvo que respondió que nunca la había visto, pero igualmente fue esposado y trasladado a la Brigada de Investigaciones. Agregó que la maniobra fue presenciada por su hijo y su nuera, y que dos policías intervinieron directamente mientras el resto del personal permanecía distribuido en distintos sectores de la vivienda.
El hombre declaró que, durante el juicio por el homicidio de las turistas francesas, le exhibieron el mismo revólver envuelto en el mismo trapo y afirmó que ninguno presentaba rastros de tierra, lo que, según sostuvo, reforzaba que el arma nunca había estado enterrada en su domicilio.
En esa causa, la pericia balística determinó que el revólver había sido disparado y era apto para el disparo. Si bien descartó correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas, estableció una correspondencia de identificación balística mediata con proyectiles secuestrados en la Quebrada de San Lorenzo.
La acusación también analiza las declaraciones de los testigos civiles que participaron del allanamiento. Ninguno presenció el momento exacto en que apareció el arma, aunque uno de ellos recordó haber visto previamente a un efectivo remover la tierra con un palo. Ambos coincidieron en que, al ser convocados al sector de la higuera, observaron un revólver envuelto en un trapo celeste o azul, cuyo estado les llamó la atención por encontrarse limpio, pese a que, según las actuaciones policiales, había permanecido enterrado.
Según la acusación fiscal, Mamani tuvo una intervención central en los hechos investigados. La Fiscalía sostiene que elaboró el informe que vinculó a Sarmiento con los elementos robados, impulsó el pedido de allanamiento, estuvo a cargo del procedimiento y suscribió el acta de secuestro donde se consignó el supuesto hallazgo del arma. Además, se le atribuye un segundo hecho por la confección y firma del informe posterior al allanamiento, que volvió a describir ese hallazgo, razón por la cual fue acusado por dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real.
Respecto de Solano, la acusación señala que, en su calidad de jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Brigada de Investigaciones N.º 1, supervisó el allanamiento y validó con su firma y sello el acta que contenía los datos presuntamente falsos sobre el hallazgo del arma. Por ese motivo fue acusado como presunto coautor del delito de falsedad ideológica de instrumento público.
Para el fiscal Pablo Paz, la incorporación de esos datos en instrumentos públicos provocó un grave perjuicio a Raúl Alfredo Sarmiento, ya que el arma fue incorporada a la investigación por el doble homicidio de las ciudadanas francesas y motivó que fuera sometido a proceso en esa causa. Con ese sustento, y tras valorar las declaraciones testimoniales, la documentación policial, las fotografías, el croquis del lugar, la pericia balística y las restantes pruebas reunidas, presentó la acusación y requirió la apertura a juicio.