Zona fría: el Gobierno apura el recorte de subsidios en el Senado
El Senado se encuentra en una instancia de freno y demora de varios proyectos enviados por el Ejecutivo en los últimos meses, algo impensado a inicios del corriente año. Mientras libertarios buscan respuestas a este tapón -ya sin la excusa del indefendible Manuel Adorni en el Gabinete-, la Casa Rosada ubicó un objetivo de máxima prioridad antes de enviar -a mediados de septiembre- el Presupuesto 2027 al Congreso: sancionar lo más rápido posible las modificaciones -recorte de subsidios y suba de tarifas- de la ley de zona fría.
La iniciativa ni siquiera está dictaminada -y la época para analizarla es la peor- por lo que, de mínima, no se tratará hasta que finalice el receso invernal de las últimas dos semanas de julio. Para tener una idea del panorama vigente en la Cámara alta: recién el jueves 16, siempre y cuando haya número -en duda-, el oficialismo intentará aprobar la ley de propiedad privada -expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y cambios en manejo del fuego- tras un despacho firmado en mayo pasado, que ya sumó la delirante cifra de 13 borradores extra. La versión original fue desplumada.
El primer indicio de la urgencia de Balcarce 50, tras la cautelar reactivada a favor de las universidades y los insistentes reclamos de gobernadores por dilaciones en giros millonarios de fondos -rutas importantes en estado terminal-, fue el eje central de la primera cumbre que mantuvieron representantes de bancadas dialoguistas del Senado con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien apareció acompañado de los principales referentes del Ejecutivo en cuanto a energía.
Tras el convite con Santilli, Infobae consultó a tres despachos de peso y confirmaron que los diálogos con Balcarce 50 continuaron su curso y que la prioridad es zona fría -“va a salir; quizá más justa, pero va a salir”, deslizaron desde uno de ellos-, más allá de que se empiece a quitar antes algo de peso a una mochila ya muy cargada de textos sin definición. Los aliados fueron claros con el oficialismo: el primer semestre era el período ideal para acelerar leyes. Al parecer, no los oyeron. O, como sospechan otros: los mensajes llegaron distorsionados. Por ese motivo es que proliferaron vías bilaterales de legisladores dialoguistas con el Ejecutivo.
¿Qué cuentas hace la administración central? En caso de tener a sus 21 soldados, añadiría a los tres del PRO y a un puñado de radicales. En la UCR son 10 y un poco menos de la mitad -por ahora- no acompañaría. A partir de eso ingresan los silvestres provinciales y los -de nuevo- peronistas que se fueron del interbloque K, tengan o no gobernadores como terminal. La incorporación de las zonas cálidas -subsidio a la energía eléctrica- en la Cámara baja y algunas promesas a la hora de implementar una hipotética norma ayudarían a cerrar el asunto. Más los fondos anunciados -el “bis” del “bis”- y una ley de gastos 2027 que permitan meses de calma. Claro está que, primero, deberá rubricarse un despacho en comisión.
La bandeja de temas -en modo tortura- incluye, a los tres mencionados, los de salud mental, etiquetado frontal, biocombustibles, Hojarasca -ya dictaminada y con chances para el 6 de agosto, en caso de sesionar-, Sociedades, y ludopatía. Habrá que esperar si aterriza lo relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central al Senado, como insinuó Bullrich.
Si Diputados continuase con el trámite de otros textos se llegaría casi a la docena en fila, algo objetivo y fuera de discusión. Un escenario complejo para los cuatro meses que restarán del período ordinario, que finaliza el último día de noviembre, excepto que el mismo se prorrogue o se convoque a extraordinarias. Sobre el último punto es donde, en diciembre y febrero pasados, la porteña se pudo lucir. Tras ello, cedió parte del monopolio que tenía sobre la Cámara alta y, ahora, desde el Ejecutivo intentan avanzar por su cuenta. No trajo grandes resultados durante la primera mitad de gestión libertaria. Y, sobre la reforma política, no hay un solo aliado que no quiera esperar al último trimestre del año para una decisión final.
Con información de Infobae