Política Por: Ivana Chañi16/06/2026

Por decreto, Milei flexibilizó los requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

El Gobierno modificó el procedimiento para proponer jueces, fiscales y defensores. Busca acelerar nombramientos en la Justicia federal.

El Gobierno nacional modificó el sistema de selección de candidatos para cubrir cargos en la Corte Suprema de Justicia, tribunales federales, fiscalías y defensorías públicas, con el argumento de acelerar nombramientos ante la cantidad de vacantes en el Poder Judicial.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 467/2026, que cambia los decretos 222/2003 y 588/2003, normas que regulaban el procedimiento previo para la nominación de magistrados y funcionarios judiciales.

Qué cambia en la selección de jueces

El decreto elimina instancias administrativas que el Gobierno considera duplicadas, como parte del proceso previo a la elevación de postulaciones al Senado de la Nación.

Desde ahora, cuando exista una vacante en la Corte Suprema, el nombre y los antecedentes de las personas en consideración deberán publicarse en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Justicia durante tres días.

Los candidatos tendrán cinco días para presentar declaraciones juradas patrimoniales y otra declaración sobre sociedades, asociaciones, estudios jurídicos, clientes o compromisos que puedan afectar su imparcialidad.

El rol del Senado

El Gobierno sostiene que la publicidad, la participación ciudadana y el control sobre los candidatos deben concentrarse en el trámite de acuerdo del Senado, donde se realizan audiencias públicas y se evalúan impugnaciones.

La decisión reduce pasos previos en el Ejecutivo, pero mantiene el requisito constitucional de acuerdo parlamentario para los nombramientos.

Impacto político e institucional

La Casa Rosada justificó la reforma en la demora para cubrir vacantes judiciales. Según el decreto, esa situación afecta el funcionamiento de los tribunales y alarga los tiempos de los procesos.

En términos prácticos, el cambio puede acelerar el envío de pliegos al Senado, aunque también abre discusión sobre el nivel de control previo que debe tener el proceso antes de que un candidato llegue al Congreso.

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