Avanza la causa contra el intendente de La Merced: se realizó la audiencia de admisión de pruebas
La causa judicial que tiene como principal acusado al intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, dio un nuevo paso este jueves con la realización de la audiencia de admisión de pruebas, una etapa clave dentro del proceso penal que se sigue bajo las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal.
La audiencia estuvo encabezada por el juez Aldo Rubén Saravia y contó con la participación de la auxiliar fiscal María Eugenia López Ahanduni en representación del Ministerio Público Fiscal. La defensa de los imputados fue ejercida por los abogados Darío Palmier y Juan José Valdez Aguilar, mientras que la querella, en representación del Concejo Deliberante de La Merced, estuvo a cargo de Franco Gorriti.
Durante el inicio de la jornada, la defensa del intendente presentó tres planteos preliminares. El magistrado rechazó dos de ellos al considerar que se trataba de cuestiones ya resueltas previamente y ajenas al objeto de esta instancia procesal. En tanto, la resolución sobre el tercer planteo quedó pendiente hasta verificar la existencia de una notificación dirigida a la parte querellante.
Posteriormente, el juez convocó a las partes a explorar la posibilidad de alcanzar acuerdos probatorios respecto de aquellos hechos que no son materia de controversia, con el objetivo de agilizar el futuro debate oral.
La investigación tiene su origen en una denuncia impulsada por el entonces presidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a otros concejales de la localidad.
Según la acusación, en relación con el delito de peculado, una investigación habría determinado que en septiembre de 2020 se realizaron transferencias de fondos desde cuentas bancarias de la Municipalidad hacia cuentas personales de los entonces concejales Dina Pastrana, Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico, movimientos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, carecían de justificación legal o administrativa.
Por estos hechos, los tres exediles fueron imputados como presuntos partícipes necesarios del delito atribuido al jefe comunal.
La causa también incluye una imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este punto, la fiscalía sostiene que Wayar habría confeccionado, firmado y aprobado un contrato de comodato mediante el cual se cedió un inmueble ubicado dentro del predio del matadero municipal a una asociación civil, sin cumplir con los procedimientos previstos por la Carta Orgánica Municipal.
De acuerdo con la acusación, la cesión se concretó sin la realización de una licitación previa y sin contar con la autorización correspondiente del Concejo Deliberante, requisitos exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones.
Con la etapa de admisión de pruebas en marcha, la causa continúa avanzando hacia las próximas instancias del proceso judicial.