Condena
El mandatario justicialista transitaba su segundo turno de gestión y si bien desde que asumió por primera vez en 2007 se dedicó a revisar todas las privatizaciones de su antecesor, la revocación de manera anticipada la concesión de los juegos de azar a la empresa de capitales austríacos Casinos Austria se produjo en 2013. Esa decisión llevó al Estado Nacional -como garante de un estado subnacional- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, donde se dirimen los conflictos de empresas contra los países, cuyo laudo buscó la empresa internacional.
La cuestión se resolvió en una primera instancia en 2021 y desde allí se sucedieron apelaciones buscando la anulación del laudo que resultó negativo; todos los esfuerzos. El CIADI consideró a la medida como una expropiación ilegal.
Una síntesis de lo ocurrido retrotrae la cuestión a 1999 cuando el gobierno de Juan Carlos Romero otorgó la concesión de los juegos de azar a la empresa citada por un plazo de 30 años. Casinos Austria ingresó como inversor extranjero para explotar toda la actividad vinculada al juego en el territorio provincial. Trece años después se rescindió tal concesión por presuntas irregularidades administrativas vinculadas al funcionamiento de la empresa, que el CIADI no pudo verificar en la dimensión que fundamentó una decisión política de esa naturaleza.
El laudo original había establecido una indemnización de un poco más de 21 millones de dólares, que se estima se ha duplicado por el paso del tiempo y la acumulación de intereses, además de los costos que generó el litigio. Esa cifra va a golpear severamente las finanzas provinciales, que no están atravesando su mejor momento pese a los esfuerzos que se vienen realizando para mantener las cuentas públicas, incluyendo el cumplimiento de deudas con el mercado internacional.
Así lo ha reconocido el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, quien destacó que la administración de Gustavo Sáenz “deberá afrontar una nueva consecuencia económica por decisiones tomadas en gestiones anteriores”, respetando la continuidad institucional, aún cuestionando el origen del conflicto.
El impacto de esta situación debe llamar la atención ciudadana, no ya la de la dirigencia política que desde distintos espacios y funciones conoció oportunamente la proyección de una decisión gubernamental que produce un daño patrimonial significativo. El oficialismo acompañó la medida, que no se agotó en la rescisión de una concesión sino que se extendió a otras, algunas de las cuales también esperan la decisión del CiADI. Y la oposición no la resistió lo suficiente.
Para los especialistas queda determinar el alcance de las responsabilidades que tienen los gobernantes que, en principio y tal como lo establece el marco constitucional nacional y provincial, tienen el deber legal y ético de asumir las consecuencias de sus decisiones. Las responsabilidades no se agotan en el plazo de sus mandatos y la rendición de cuenta más allá de ese tiempo, no solamente puede ser ante la historia, sino ante la justicia para el caso de daños patrimoniales.
Puede abrirse un espacio importante para el debate ciudadano, sin la exigencia de limitarse a la política o a la academia. Un gobernante debe explicar sus decisiones aún cuando esté temporalmente lejos de ellas.
Salta, 27 de mayo de 2026