Responsabilidad

Aunque por su expansión la práctica es masivamente conocida no lo son algunos detalles, especialmente los vinculados a la peligrosidad de su consumo. Es la razón por la que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso en el 2011 la prohibición de la importación, distribución y comercialización del cigarrillo electrónico en todo el territorio nacional.

El uso del adminículo,conocido como vapeador, se difundió para superar la adicción al cigarrillo, cuyos efectos negativos para la salud están probados. A poco andar se advirtió riesgos similares con el recurso propuesto para limitar el impacto de la nicotina. La disposición de ANMAT, en los fundamentos para su prohibición, advirtió la falta de evidencia científica sobre la seguridad y eficacia del dispositivo para la salud. Tampoco hay pruebas de que ayude a dejar de fumar.

En 2013 se clasificó a los cigarrillos electrónicos como productos de tabaco, prohibiendo su uso en espacios públicos cerrados en las condiciones establecidas en la ley nacional que regula el consumo de los cigarrillos comunes. Confirmados sus riesgos, se ratificó la prohibición de uso en 2016 y se la extendió en 2018 a la publicidad, promoción y patrocinio del cigarrillo electrónico. La restricción fue tan estricta que incluyó a todos sus accesorios, incluyendo repuestos y cartuchos conteniendo nicotina.

En más de una década, todas las advertencias cayeron en saco roto y los efectos fueron evidentes. De allí que la nueva regulación generó la reacción del ámbito de la salud, desde donde se advirtió que se está asegurando el ingreso a todo tipo de adicciones. 

El cardiólogo salteño Sebastián Schanz destacó que el principal problema es el inicio del consumo en edades tempranas, impulsados por la falsa percepción de que no son dañinos.

Los usuarios de vapeadores ignoran que muchos de estos dispositivos contienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y en algunos casos, incluso cannabis. 

Se reconoce que la rigurosidad de la prohibición no impidió que el mercado informal creciera significativamente, justificando la resolución del gobierno nacional que levantó todas esas medidas y legalizó la comercialización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, con el objetivo de controlar la calidad y composición de estos productos. Esto es, la desregulación no es plena; se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal, aunque la única limitante es que no se podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.

La resolución de la cartera que conduce Leopoldo Lugones es el resultado de gestiones con ese fin que se manifestaron cuando se intentó regular la problemática impositiva de la industria del tabaco con la ley de Bases. Se trata de una actividad económica sobre la que pesa una fuerte carga, que supera el 70% sobre su precio, como elemento disuasivo para el consumo. Por entonces, el proyecto de las tabacaleras que trascendió incluía un impuesto del 20 por ciento sobre los vapeadores, cuya producción es también un gran negocio.

Es el tramo que resta por definir y desde el sector de la salud se espera que sea no solo una herramienta para desalentar el consumo sino también para allegar recursos a la atención de sus consecuencias. Además, deben extenderse a todo el territorio provincial los espacios libres de humo, sumándose las emisiones de los dispositivos electrónicos, tal como está vigente en la Capital.

A la sociedad en su conjunto le cabe la obligación de ajustarse a las normas y no vulnerarlas permanentemente, ante la debilidad que expresan las instituciones responsables de los controles. Cuando se vive en comunidad, la libertad nunca es absoluta y siempre su ejercicio debe ser responsable.

Salta, 05 de mayo de 2026