Caso turistas francesas: advierten por la prescripción y piden recompensa para "romper" el silencio
El periodista de investigación francés Jean Charles Chatard volvió a referirse a la causa por el doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. en Salta y advirtió que el tiempo para esclarecer el caso es cada vez más limitado. A casi 15 años del hecho, señaló que la causa podría prescribir el 29 de julio de 2026 si no surgen nuevos elementos relevantes.
En diálogo con el programa Pasaron Cosas, Chatard —autor del libro Autopsia de un doble asesinato— sostuvo que la reciente visita de Jean Michel Bouvier a la provincia fue “un grito de alarma” ante la falta de avances concretos en la investigación.
Un documento que podría ser clave
El periodista explicó que Bouvier entregó personalmente un documento a la Justicia salteña que podría tener relevancia en la causa, aunque evitó dar detalles por el secreto de instrucción. “Exige una investigación inmediata, seria y sin evasivas”, expresó, al tiempo que pidió prudencia hasta que se verifique su contenido.
La situación de la familia de la víctima
Chatard también puso el foco en la situación personal del padre de una de las víctimas, quien atraviesa una enfermedad grave. “Es un hombre de 78 años, con cáncer de páncreas, que no puede esperar los tiempos de la justicia”, remarcó.
Cuestionamientos a la investigación en Salta
En otro tramo de la entrevista, cuestionó el desarrollo de la investigación judicial en la provincia y denunció presuntas irregularidades. Mencionó la existencia de “pruebas manipuladas, torturas e inocentes convertidos en culpables”, y recordó el caso de Clemente Vera, quien permaneció años detenido antes de recuperar la libertad.
Además, relató un encuentro reciente con uno de los condenados, quien —según afirmó— denunció haber sido torturado y obligado a autoincriminarse. “Son dichos de una gravedad importante que deben ser verificados”, aclaró.
Pedido de recompensa al Gobierno provincial
Ante este escenario, Chatard solicitó al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que evalúe la implementación de una recompensa económica para obtener información que permita avanzar en la causa. “Cuando una investigación está estancada, el Estado no tiene derecho a quedarse quieto”, sostuvo.