Caso María Cash: Rechazaron el apartamiento de la jueza y le ordenaron seguir con la causa
La Cámara Federal de Salta rechazó la excusación de la jueza Mariela Giménez, que alegaba “violencia moral” para apartarse del caso María Cash por trata de personas, y ordenó que continúe a cargo de la investigación que lleva 14 años y tiene 20.000 fojas de expediente.
Según el fallo al que accedió Infobae, la decisión surge tras el intento de la magistrada de apartarse argumentando que la revocatoria de un sobreseimiento que ella había dictado provocó una “violencia moral” incompatible con la continuidad de su función.
Uno de los datos que pone en perspectiva la resolución es la prolongada duración del expediente: la investigación lleva 14 años radicada en el Juzgado Federal N°2 de Salta. Según el fallo, la causa acumula 96 cuerpos y casi 20.000 fojas, con medidas de prueba aún pendientes.
La jueza había fundamentado su inhibición señalando que la revisión por parte de la Cámara de su anterior criterio —cuando sobreseyó a Romero— generó un “quiebre de la imparcialidad”, al considerar que la instrucción ya se encontraba agotada y que las falencias técnicas detectadas por la Sala constituyeron una “afrenta”.
“Circunstancias que me colocan en una situación de violencia moral que, excepcionalmente y por razones de decoro y delicadeza, me conducen a apartarme de la causa”, dijo la magistrada.
No obstante, la Cámara Federal remarcó el criterio restrictivo para admitir excusaciones de jueces, en línea con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Según el fallo citado, solo pueden admitirse excusaciones por “motivos graves de decoro y delicadeza” si existen argumentos serios y razonables que prueben la incapacidad objetiva para seguir actuando con imparcialidad.
El Tribunal enfatizó que aceptar la excusación sin motivos sólidos implicaría “un medio espurio para apartar a los jueces naturales de las causas”, lo que pone en juego el principio constitucional del “juez natural”: el derecho de la sociedad a que los casos sean resueltos por el juez designado legalmente, a salvo de intereses externos o presiones internas.
Uno de los puntos de conflicto estuvo en la evaluación de las pruebas producidas y las recomendaciones de la Sala tras revocar el sobreseimiento. La Cámara desestimó que la sugerencia de profundizar medidas investigativas implique “una afrenta” o una presión indebida sobre la instructora. Explicó que la decisión de ampliar la pesquisa responde al rol revisor —no a una predisposición en favor o en contra de las partes— y le otorga a la jueza plenas facultades para dirigir la investigación, incorporar otros peritos o recabar nuevas pruebas según lo estime pertinente.
Además, la Cámara aclaró que la conformación de una mesa de trabajo técnica, incluso con la participación de expertos propuestos por las partes (como el querellante), está prevista para subsanar deficiencias procesales anteriores detectadas en la etapa de instrucción.
El punto de inflexión
El pasado 22 de diciembre se conoció que la Cámara resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor Romero y ordenó que la investigación por la desaparición y presunto homicidio de María Cash continúe, al considerar que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso.
El fallo de los jueces Santiago French,Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas respondió a los recursos de apelación presentados por el fiscal general y el abogado de la víctima, quienes cuestionaron la resolución del 12 de mayo de 2025 que había sobreseído a Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía.
Ambos acusadores sostuvieron que en primera instancia se realizó un análisis “parcial e incompleto” de la prueba, y que la desvinculación de Romero resultó “prematura y arbitraria”, ya que aún restan medidas de prueba pendientes que podrían esclarecer los hechos.
El fallo recogió la teoría de la Fiscalía, sobre todo la parte en que se da cuenta de los falsos testimonios de aquellos que dijeron que vieron cuando Romero dejó a María Cash.
El caso
La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, General Güemes, al subir al camión conducido por Romero. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.
La investigación, que transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios, estuvo marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio.
Entre los elementos que sostienen la sospecha sobre Romero, la Cámara destacó que fue la última persona que estuvo con María Cash antes de su desaparición, que su versión presenta inconsistencias y que no existen testigos creíbles que hayan visto a la víctima en la zona donde él afirma haberla dejado.
Además, subrayó que los testimonios de quienes dijeron haber visto a Cash con vida después de ese momento -como los Cuellar, Chuquisaca y Krilich- fueron descartados por contener falsedades y contradicciones, y que algunos de estos testigos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal tras ser imputados por falso testimonio y entorpecimiento de la investigación.
Con información de Infobae