Opinión03/03/2026

Participación

Está en marcha el período ordinario de sesiones. El que transcurre será un año político complejo porque se confirmó la decisión de llevar adelante reformas estructurales en el país y Salta está negociando su posicionamiento. 

La Cámara de Diputados, al parecer, no ha recibido instrucciones claras y postergó su primer día de sesión hasta tanto pueda ordenar una agenda que no perturbe los movimientos del Gobernador de la Provincia. En el Concejo Deliberante se cumple un intenso cronograma de reuniones de comisión para que la falta de dictámenes no sea la razón para demorar la puesta en marcha del cuerpo capitalino. El Senado no suele tener piedras en su camino; la homogeneidad del grupo no es alterada por la presencia de un solo legislador de la oposición.

En la Cámara baja, el bloque mayoritario del oficialismo cumplió el ritual de realizar su reunión semanal de los lunes y el tema que de inmediato fue sometido a discusión fue el proyecto de reforma electoral. Si bien todos sus miembros son firmantes de la iniciativa, la opinión no es unánime. La integración variopinta de Todos por Salta justifica que se abra la discusión para lograr un discurso público sin deserciones; de todas maneras no explica tanta preocupación en torno de una cuestión que no recoge el interés social, que tiene otra agenda de prioridades.

Los motivos que se expusieron para la postergación hasta el próximo martes del comienzo de las actividades en el recinto fue la realización durante esta mañana de  una jornada formativa sobre Inteligencia Artificial. Se invitó a especialistas nacionales e internacionales para fijar pautas sobre su uso responsable dentro del ámbito legislativo, un propósito encomiable. Según informó  el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Gastón Galindez, hay antecedentes de copiar y pegar proyectos y otros vicios que denotan el mal uso de la Inteligencia Artificial. 

A favor de los legisladores de ese cuerpo hay que señalar la mayor parte de ellos trabajan en temáticas que hacen a las demandas comunitarias, pero estas crecen proporcionalmente a la profundización de la crisis económica y social de este tiempo de restricciones financieras y reformas de fondo que plantea la administración libertaria. Las respuestas que se van dando desde el gobierno provincial tratan de atender urgencias y sostener servicios esenciales dentro de posibilidades limitadas.

Precisamente son los gobiernos provinciales los que quedan aprisionados entre los objetivos del presidente Javier Milei y los reclamos de sus comunidades. Esto es, deben sostener el equilibrio de sus cuentas porque los déficits no tienen cobertura con aportes de la Nación y plantean el riesgo de algunas formas de castigos mientras tienen que dar salud, educación y seguridad a extensos territorios. También deben asegurar una infraestructura de servicios para la producción, tanto en energía y conectividad, responsabilidades que corresponden a la órbita nacional.

Y toda la organización del poder debe concurrir a sostener ese equilibrio. Los cuerpos legislativos están en la primera línea, con la obligación de aportar iniciativas que permitan una gestión ejecutiva eficiente pero especialmente, con la predisposición a facilitar el debate político desde las bancas. 

En Diputados creció una oposición que se referencia en la corriente política que más ha crecido en los últimos tres años. El bloque de La Libertad Avanza anticipó la participación de más voces para hablar de las problemáticas que afectan a la población del extenso territorio provincial.

Para la ciudadanía es una oportunidad para que sus demandas tengan canales de expresión y posibilidades de atención. Como contrapartida, debe asumir su obligación de mayor participación social.

Salta, 03 de marzo de 2026

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