Denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad por el operativo en el Congreso
Un abogado presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los jefes del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de la marcha convocada durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.
La presentación fue realizada por el letrado Leonardo Hernán Martínez Herrero, quien solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación”.
En el escrito, el denunciante sostiene que el operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad y que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El foco en un grupo de siete personas
Según la denuncia, alrededor de las 15:30 “un grupo de siete personas, perfectamente sincronizados, comenzó a arrojar piedras, preparar bombas molotov y arrojarlas contra y sobre los vallados montados por las fuerzas de seguridad”.
El abogado describe que los involucrados “tenían mochilas, capuchas y cascos” y que se refugiaban detrás de maderas, mientras uno de ellos utilizaba “como escudo una bandera de Direct TV”. También señala que, cuando comenzaron los incidentes, el resto de los manifestantes “se replegó”, quedando ese grupo “aislado y a la vista de todos”.
En ese contexto, el denunciante remarca que las imágenes “circularon por todos los medios de comunicación, drones y redes sociales”, y que además existían cámaras del comando unificado de las fuerzas de seguridad.
Sospechas por la falta de detenciones
El punto central de la denuncia apunta a que ese grupo no fue detenido en el momento, pese a que se trataba de un supuesto delito en flagrancia , según el escrito.
“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas, completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato”, afirma la presentación. Y agrega que “nunca los camiones hidrantes le dieron, con el potente chorro de agua, al centro de las maderas” donde se refugiaban.
El denunciante también sostiene que los gases lacrimógenos fueron lanzados “bastante lejos de donde estaba este grupo” y que, cuando se avanzó para despejar la plaza, “detuvieron personas, pero nunca detuvo a los miembros de este grupo violento, más bien pareciera que los encubrían”.
Finalmente, subraya que “hasta el día de hoy no han sido detenidos ni identificados en su totalidad”.
Para el abogado, esa conducta configuraría un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la ministra y de los responsables operativos, al no haber ordenado —según su interpretación— la inmediata detención de los presuntos agresores.
Medidas de prueba solicitadas
La denuncia pide que se libre oficio a distintos canales de televisión para que aporten las imágenes de los hechos, que el Ministerio informe los nombres y jerarquías de los responsables del operativo y que se ordene el secuestro de las grabaciones de las cámaras de las fuerzas de seguridad y del centro de monitoreo unificado.
Con información de Ámbito