Redes sociales: Portugal prohíbe el acceso de los menores de 16 años

El Parlamento aprobó este jueves el proyecto de ley que prohíbe el acceso sin control parental. La regulación abarca plataformas de redes sociales, sitios de apuestas y juegos en línea, servicios para compartir imágenes y videos, y prestadores de contenidos considerados adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.

Para acceder a estas plataformas será obligatorio confirmar la edad del usuario mediante la “Chave Móvel Digital”, un sistema de identificación electrónica del Estado portugués. Se trata de una firma digital certificada que permite acceder a portales públicos y privados y firmar documentos digitales.

Además, la ley establece que, entre los 13 y 16 años, el ingreso solo podrá permitirse con un “consentimiento parental expreso y verificado”. Aplicaciones como Instagram, TikTok o Facebook solo estarán habilitadas si existe una autorización parental formal.

El proyecto fue aprobado por 148 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. Además de los socialdemócratas, la iniciativa contó con el respaldo del Partido Socialista (PS), el Partido Animalista (PAN) y Juntos por el Pueblo (JPP).

En cambio, Chega (partido de extrema derecha) e Iniciativa Liberal votaron en contra, mientras que el Partido Comunista Portugués (PCP), Livre, el Bloco de Esquerda y el Centro Democrático y Social–Partido Popular (CDS-PP) optaron por la abstención.

Durante dos horas, los diputados debatieron en el plenario la propuesta impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD, de centroderecha), señalando diversos problemas técnicos del texto.

En el debate surgieron objeciones vinculadas a la desigualdad entre familias. La diputada socialista Sofia Pereira explicó que “no todas las familias tienen el mismo tiempo ni la misma alfabetización digital ni los mismos recursos; trasladar la responsabilidad principal a los padres significa que quien tiene más capacidad acompaña y quien tiene menos queda solo”.

Otros legisladores también apuntaron al control estatal sobre los datos a través de la “Chave Móvel Digital” que permitiría acceder a esas plataformas.

El partido de extrema derecha Chega, que llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pero perdió frente al candidato del partido socialista, António José Seguro obtuvo el 66% de los votos, mientras que André Ventura alcanzó el 33%, votó en contra del proyecto. Durante el debate en la Asamblea, varios diputados de esa fuerza cuestionaron con dureza la iniciativa.

“Siempre que el Estado crea un control invoca buenas intenciones, pero estos controles nunca desaparecen y siempre se expanden. Dicen que es para proteger a los niños, pero este proyecto obliga a las plataformas a anular mensajes de desinformación y contenidos falsos. ¿Quién decide qué es falso?”, afirmó la diputada Rita Matias de ese partido.

Otra legisladora de la misma agrupación Madalena Cordeiro declaró:“Chega percibe que hay partidos que conviven bien con la censura; las bancadas de la izquierda muestran su adhesión al pensamiento único. Cuando dejamos que las redes sociales recopilen datos personales, quienes creen en familias libres no pueden tratar a los padres como incapaces ni a los jóvenes como propiedad. Veremos si el Partido Socialista vota por la libertad o del lado de la censura, como siempre”.

Frente a esas acusaciones, Sofia Pereira, del PS, replicó: “Un partido que ataca constantemente la libertad individual, que promueve el odio, la discordia y las noticias falsas, y que no quiere regular el espacio digital, está siendo coherente”, afirmó.

El debate sobre la desinformación tomó especial relevancia tras las elecciones presidenciales celebradas el 8 de febrero pasado en Portugal. Según un laboratorio de comunicación de la Universidad de Beira Interior, contenidos de desinformación vinculados a la campaña alcanzaron más de 8,3 millones de visualizaciones. Ventura el segundo candidato más votado fue responsable del 82,4% de los casos.

La fiscalización de la nueva ley quedará a cargo de la Autoridad Nacional de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Protección de Datos, que podrán aplicar multas de hasta dos millones de euros o el 2% del volumen de negocios anual mundial de las empresas que incumplan la normativa.

Desde septiembre de 2025, en Portugal los alumnos hasta el sexto año de escolaridad tienen prohibido llevar smartphones a las escuelas, como parte de una política más amplia de regulación del entorno digital infantil.

La propuesta será ahora analizada en comisión parlamentaria, donde podrán incorporarse eventuales modificaciones. Luego deberá regresar a la Asambleia portuguesa para su votación final.

La Nación