Congreso: legisladores por Salta se expresaron sobre la baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados de la Nación inició este jueves el tratamiento del proyecto de Reforma Penal Juvenil que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. El oficialismo busca avanzar con un dictamen de mayoría que fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas.

En ese contexto, legisladores nacionales por Salta expusieron sus posiciones durante el debate en el recinto.

La diputada Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, coincidió en que “corresponde actualizar la legislación penal que lleva más de 40 años, acorde a nuestros tiempos”, sin embargo advirtió que que “bajar la edad de imputabilidad requiere respaldo financiero directo del Ejecutivo Nacional”.

En este sentido, Vega remarcó que la Constitución delega en las provincias la administración de justicia y seguridad, mientras que la mayor parte de la recaudación queda en manos de la Nación. “Si hoy sancionamos esta ley y los chicos de 14 años deben entrar al sistema penal, ¿quién va a construir los centros de detención especializados que la misma ley exige? ¿Quién va a financiar los equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales y educadores?”, cuestionó.

Para la legisladora, invertir en la implementación de la norma debe entenderse como una política de seguridad ciudadana, y concluyó que el Ejecutivo Nacional debe garantizar que la ley se aplique con el mismo estándar en todas las provincias.

 “Ya sabemos que quien entra en un sistema colapsado sale convertido en un profesional del delito. Un menor que entra en un sistema financiado, con talleres de oficio y seguimiento real, tiene una oportunidad de resociabilización”, sostuvo. 

Por su parte, la diputada Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y cuestionó las posturas críticas. Sostuvo que los menores no pueden quedar fuera del debate cuando se trata de delitos graves y afirmó que muchos jóvenes menores de 14 años cometen delitos “con absoluto discernimiento”, mientras que los operadores judiciales no cuentan con herramientas suficientes para responder. 

Asimismo, señaló que la mayoría de los países de la región tienen una edad de punibilidad más baja que la vigente en Argentina y afirmó que el país comparte actualmente el límite de 16 años con Cuba. “La sociedad que está afuera de este recinto está desesperada y abandonada a su suerte en materia de seguridad”, aseguró.

En tanto, el diputado Bernardo Biella, también del bloque Innovación Federal, manifestó su acompañamiento en general al proyecto señalando que la iniciativa implica “una doble protección” ya que busca resguardar a niños, niñas y jovenes que son captados por bandas narco-delictivas que se aprovechan de su condición de inimputables. Asimismo, remarcó que la reclusión debe ser el último recurso, buscando un enfoque orientado a la reinserción social.

El legislador recordó que Salta ya aprobó en 2018 su régimen penal juvenil, cuya implementación culminó en diciembre de 2023, y subrayó que este tipo de reformas requieren planificación y recursos. Según detalló, la aplicación de la ley implicaría en la provincia la creación de cuatro nuevos juzgados, tres fiscalías, la capacitación de cientos de profesionales y la eventual construcción de instituciones especializadas.

Biella también cuestionó los montos previstos para la implementación del sistema. Indicó que una institución con un presupuesto estimado en 23 mil millones de pesos alcanzaría para atender apenas a 16 jóvenes por año y advirtió que, de no garantizarse fondos nacionales, el costo recaerá sobre las provincias. “No podemos seguir ahogando a las provincias”, expresó, y planteó que, si no se modifica el artículo referido al presupuesto, el bloque no podrá acompañar la iniciativa en particular, pese a respaldarla en general.