Prisión domiciliaria por salud para el acusado de la secta rusa

El juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”, tras evaluar su situación clínica y la falta de un diagnóstico definitivo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se dictó en una audiencia realizada por videollamada vinculada a los problemas de salud del acusado.

Sin embargo, la Fiscalía Federal impugnó el fallo en el mismo acto, por lo que la medida no se ejecutará de inmediato y quedará sujeta a revisión.

Zapata aclaró que el cambio de modalidad se concede por salud y no por un cambio en el análisis de riesgos procesales.

El caso seguirá ahora el circuito de apelación previsto en el Código Procesal Penal Federal.

En la audiencia participaron defensores, fiscales, traductoras públicas de ruso y profesionales médicos, además de representantes vinculados a la presunta víctima y un asesor de menores.

La defensa solicitó modificar la modalidad de prisión preventiva para que el imputado permanezca detenido pero bajo arresto domiciliario, invocando dos vías: morigeración del artículo 210 del CPPF y prisión domiciliaria por salud según la ley de ejecución penal.

En la exposición, los abogados sostuvieron que el encierro intramuros es hoy desproporcionado por el deterioro físico de Rudnev y la falta de estudios completos.

Plantearon que el Código obliga a analizar alternativas menos gravosas cuando pueden neutralizarse riesgos con controles.

En ese sentido, propusieron monitoreo electrónico, retención de pasaporte, domicilio verificado, tutor y prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y su hijo.

El tramo central incluyó declaraciones médicas y un fuerte debate por el diagnóstico. 

El cirujano del Hospital de Clínicas Luis Saroto consideró que un paciente que pierde 50 kilos debe ser catalogado como “crítico” y estudiado con urgencia, incluso con internación.

 El médico Mariano Duarte, especialista en hipertensión, coincidió en que una pérdida tan pronunciada suele implicar una patología subyacente y señaló la necesidad de estudios funcionales por un posible compromiso respiratorio.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el médico Claudio Capuano diferenció “riesgo vital inminente” de “riesgo aumentado” y sostuvo que la documentación no mostraba inminencia de muerte, pero sí un riesgo aumentado clínicamente significativo, que requiere estudios.

Al resolver, Zapata anunció que hará lugar a la prisión domiciliaria “en los términos del artículo 32 de la ley 24.660” por motivos de salud.

El juez sostuvo que no tienen "un diagnóstico preciso” y que, según los profesionales, el caso exige una batería de exámenes e incluso internación para determinar patología y tratamiento.

 Señaló que el estándar del artículo 32 se activa cuando la detención en cárcel impide tratar adecuadamente la dolencia, y sostuvo que la medida debe evitar que un “riesgo aumentado” evolucione hacia un “riesgo vital inminente”.

En su argumentación, Zapata ordenó prisión domiciliaria con dispositivo electrónico de vigilancia y mantenimiento de restricciones ya vigentes. 

También aclaró que la medida se hará efectiva cuando la decisión quede firme.

La Fiscalía Federal anunció la apelación en el mismo acto, sosteniendo que el artículo 32 no corresponde porque no está acreditado que la cárcel impida tratar la dolencia.

Con ese planteo, solicitó que el cambio quede suspendido hasta la intervención del tribunal superior, condición que Zapata ratificó por el efecto del recurso.

La resolución fue confirmada públicamente por el abogado defensor Carlos Broitman, quien en declaraciones al diario Río Negro sostuvo que la decisión se basó en fallas de atención médica durante casi seis meses de detención.

“Demostramos la negligencia después de casi seis meses”, afirmó el letrado, y explicó que la defensa aportó peritos cuyas conclusiones coincidieron con médicos propuestos por su parte.

 Según Broitman, Rudnev perdió 50 kilos desde la detención y presenta múltiples patologías, y afirmó que parte de las falencias se explican por la barrera idiomática en el penal.

“Usaban el traductor de Google para llevarle medicamentos que Rudnev no reconocía”, sostuvo en esa entrevista.

El defensor agregó que existen constancias escritas en las que el imputado habría pedido ser atendido: “por favor, quiero ser atendido”.

Broitman también señaló que el expediente tendrá un nuevo hito el 3 de abril, cuando la fiscalía deberá formular la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres rusas imputadas.

En esa línea, sostuvo que “técnicamente se va a demostrar su inocencia” y afirmó que la causa de fondo se construyó desde una denuncia hospitalaria por un parto de una mujer rusa presuntamente vulnerable.

El abogado planteó que “hay una víctima que no es víctima” y negó imputaciones difundidas como la existencia de cocaína, al señalar que lo que se mencionó como drogas eran medicamentos.

También habló de “caza de rusos” y sostuvo que se instaló una hipótesis de organización criminal por antecedentes del acusado. 

La disputa de fondo continuará mientras se resuelve la apelación sobre la prisión domiciliaria.

La Cámara deberá definir si corresponde sostener la domiciliaria por salud, con monitoreo electrónico, o revertir el criterio.

En paralelo, la investigación avanzará hacia el momento procesal de acusación formal previsto para abril.