Bolivia declaró emergencia energética y social por la escasez de combustibles
El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el país ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de dólares, lo que implica la habilitación de medidas excepcionales durante un año para garantizar el abastecimiento y sostener la actividad económica, informaron medios locales.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5517, el cual autoriza de forma extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector.
De acuerdo con el Ejecutivo, la acción busca mitigar el impacto de la crisis entre la población, en un contexto marcado por la escasez de divisas y las restricciones externas.
"El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana", indica el decreto.
La medida responde en parte al "déficit extremo" de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y los sectores estratégicos, por lo que el Gobierno boliviano dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.
Además, el decreto establece el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el objetivo de facilitar su ingreso al país y reducir así los cuellos de botella en el abastecimiento interno.
De esta manera, se instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en un plazo de hasta 15 días.