Vuelos en riesgo: controladores aéreos podrían retomar paros en plena temporada de verano

Mañana viernes 16 de enero vence la conciliación obligatoria que frenó las asambleas impulsadas por Atepsa, el gremio de los controladores aéreos, en la previa de las Fiestas. En medio de la temporada alta y con un conflicto paritario sin resolución a la vista, el sindicato podría retomar los reclamos y, así, afectar nuevamente a la actividad aeronáutica.

A pesar de que la tregua obligatoria que dictaminó el Gobierno el 23 de diciembre rige hasta el viernes, esta seguramente se prorrogará por otros cinco días hábiles más pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Una vez que finalice ese período, las posibilidades de que se reavive el fuego del conflicto son altas, según alertaron fuentes del sector a Infobae.

Si bien el reclamo principal es salarial, el conflicto también incluye denuncias penales, investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas y la situación de dos funcionarias bajo la lupa de la Justicia.

El trabajo de los controladores aéreos es indispensable para la actividad aeronáutica. Ubicados en las Torres de Control o los Centros de Control de Área (ACC), son los encargados de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar a los aviones durante sus vuelos, despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país.

EANA es la prestadora de este tipo de servicios en el país, mientras que su personal se encuentra nucleado en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

La discusión salarial de fondo

Dado que EANA es una compañía estatal, al igual que sucede en el resto de las negociaciones salariales del sector público, la pauta no se define de manera individual por cada empresa.

Por el contrario, la Oficina Nacional de Empleo Público es el área que establece el marco de referencia que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a los gremios. Si bien depende de la Jefatura de Gabinete, su accionar también se enmarca en la estrategia de ordenamiento fiscal y reforma del Estado que impulsa en general el núcleo económico del Gobierno y en particular el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Una vez que ese esquema queda cerrado en la paritaria con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, el gremio mayoritario del sector público), suele trasladarse al resto de los organismos y empresas del Estado, aun cuando las conversaciones con otros sindicatos todavía no estén formalmente abiertas. Hasta el momento, no hay un porcentaje paritario definido.

Un conflicto sin final

La disputa entre EANA y Atepsa tiene larga data. Solo en 2025, el conflicto tuvo varios capítulos y se mantuvo latente a lo largo de casi todo el año, con medidas de fuerza que, aun cuando eran informadas con antelación, terminaron afectando la actividad aerocomercial.

El primer pico de tensión se dio en julio, en la previa de las vacaciones de invierno. En ese momento, Atpsa había anunciado un esquema de medidas de fuerza que amenazaba con impactar en plena temporada alta. Frente a ese escenario, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que permitió desactivar las protestas y evitar una afectación directa sobre los vuelos durante el receso invernal.

Sin embargo, la tensión volvió a escalar en agosto, cuando el gremio llevó adelante medidas de fuerza durante tres jornadas distintas, que afectaron los despegues de toda la aviación en los aeropuertos del país. Tras esas acciones, Atepsa y EANA alcanzaron un acuerdo paritario, que contempló una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos para todo 2025, lo que derivó en el levantamiento de las protestas.

Pese a la vigencia de ese acuerdo, en noviembre el gremio retomó las medidas de fuerza. En ese mes, ATEPSA realizó nueve jornadas de paro, focalizadas exclusivamente en los vuelos de carga en todo el país. Además, paralizó la totalidad de las capacitaciones del personal y las tareas de mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

El conflicto tuvo un nuevo y fuerte capítulo en diciembre, cuando el sindicato anunció un cronograma de medidas a partir del 17 de diciembre, que incluía restricciones a los despegues durante cinco jornadas en plena temporada alta y en el marco de las Fiestas de fin de año. A diferencia de las acciones previas, el plan de lucha apuntaba a afectar vuelos de pasajeros, tanto de cabotaje como internacionales.

De ese esquema, se llegaron a concretar dos jornadas de paro. Ante el riesgo de una afectación mayor del tráfico aéreo en un período de alta demanda, el 23 de diciembre la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con vigencia hasta el viernes 16 de enero a las 8 de la mañana, con la posibilidad de una prórroga por cinco días hábiles.

Denuncias cruzadas y presuntas maniobras fraudulentas

En paralelo al conflicto salarial, en los tribunales de Comodoro Py avanza una investigación judicial que involucra a la conducción de Atepsa y a la ex presidenta de EANA durante el gobierno anterior. La causa apunta a una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023 entre el gremio y la entonces conducción de la empresa estatal, cuya existencia no pudo ser acreditada en los registros oficiales.

El expediente se originó a partir de una presentación judicial del sindicato, que reclamó el cumplimiento de un acta que habría establecido aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024.

Según la denuncia, el documento no figura en los circuitos administrativos, legales ni de liquidación de haberes de EANA, ni habría sido aplicado mientras la ex presidenta de la compañía, Gabriela Logatto, permanecía en funciones. En ese marco, la Justicia investiga el rol tanto de Logatto como de Paola Barritta –hija de José “El Abuelo” Barritta, histórico jefe de la barra brava de Boca– y secretaria general de Atepsa.

Además, EANA presentó una denuncia penal contra Atepsa al considerar que algunas de las protestas gremiales pusieron en riesgo la seguridad operacional y la integridad de pasajeros y trabajadores. La causa incluye material probatorio como imágenes de una bandera sindical colocada en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operación y generado riesgos para terceros.

Con información de Infobae