El Gobierno dice que tal como quedó aprobado el presupuesto no le sirve y que podría vetarlo

La Casa Rosada siguió de cerca hasta entrada la madrugada de hoy lo que sucedía en el Congreso de la Nación. En los pasillos y despachos del palacio de Gobierno, el debate por el presupuesto en la Cámara Baja era prácticamente el tema excluyente. Pero el ánimo fue cambiando con el transcurrir de la noche, en función de lo que iba pasando en el recinto.

En la previa nadie dudaba de que se lograría la aprobación del Presupuesto 2026, pero el traspié para derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, que si bien no sorprendió en el Gobierno fue conseguido por un número mayor de lo esperado, ahora abre una incógnita sobre cómo se avanzará con ambos puntos.

En Balcarce 50 ya advierten que si no se cambia en el Senado, todo indica que el proyecto será vetado por el Gobierno, ya que considera que rompe con el “déficit cero”.

En el primer piso del Palacio de Gobierno se ilusionaban en la previa con tener el primer presupuesto con esa meta, aprobado por el Parlamento. No pudo ser y las miradas apuntaban a los gobernadores que, aunque lo avisaron en la previa, votaron en contra del capítulo que incluía la derogación de las dos leyes.

Allí se inscribieron los nombres de Osvaldo Jaldo de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca y Gustavo Sáenz, de Salta. Pero más señalados aún son los que no avisaron nada y sorprendieron en el último momento, con los que Balcarce 50 tiene buena línea, como Gustavo Valdés, de Corrientes; Rolando Figueroa, de Neuquén, y Leandro Zdero, de Chaco.

El malestar por lo sucedido era palpable este jueves en el corazón libertario, pero en primera instancia no había pases de factura interna. La mira estaba puesta en esos gobernadores y sus comportamientos.

La del Presupuesto era considerada una batalla que apuntan a completar con la media sanción de la reforma laboral, el próximo 26. Y aunque había reconocimiento de parte de lo que sucedió, no lo consideraban una derrota total, pero sí reconocían que no era los esperado.

Anotarse ambas victorias legislativas antes del final de año es la meta que se impuso el corazón libertario para cerrar el 2025. Una apuesta grande, pero en la que también hay confianza en las filas del Ejecutivo que pueda terminar sucediendo esa media sanción de la “denominada modernización laboral” antes del receso de enero.

En la previa al resultado final y para terminar de consolidar lo que se había negociado hasta ahora y seguir de cerca los tramos finales de las negociaciones, el ministro del Interior, Diego Santilli, “mudó” esta semana su despacho de la planta baja de Casa Rosada.

En menos de 45 días se reunió con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y con quienes, en reuniones encabezadas por Manuel Adorni, buscaron conseguir el apoyo, cediendo en determinados puntos a cambios de votos. Cuando el reloj se acercaba al comienzo de este miércoles, se cedió más de lo que inicialmente se había pensado, contemplando también la inclusión de la deuda con Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación en el Presupuesto.

Aunque la confianza en que el proyecto saldría estaba, en el palacio gubernamental también se mostraban prudentes admitían que estaba “ajustado” y que, aunque parecía segura la aprobación, “no era fácil”.

Sin embargo nunca esperaron lo que este jueves por la mañana terminaron señalando respecto de que el presupuesto tal como quedó ya no sirve y que podría ser vetado.

Sin embargo, en Casa Rosada se mantuvo y mantiene la confianza en la estrategia que definió la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, a través de las personas de su confianza: Adorni, Santilli y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

La complicación, advertían, estaban en los puntos que finalmente no fueron aprobados. “Nadie quiere cargar con votar algo antipático”, señaló uno de los consultados en referencia a discapacidad y financiamiento universitario.

En Casa Rosada también estaban quienes relativizaban las críticas de Pro por las elecciones de las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) que abrieron una nueva tormenta con el espacio con el que fueron en conjunto durante las últimas elecciones. Desde Pro se denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. Por eso la bancada amarilla se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas en reclamo por la medida.

También en las filas libertarias daban de bajas la posibilidad de haber tenido un “arreglo” o acercamiento con el kirchnerismo.

Sin embargo, había quienes admitían que el clima puede impactar en el Senado. Las declaraciones de Cristian Ritondo, que habló de falta de códigos, y, dirigiéndose a Martín Menem, advirtió: “Este bloque, el Pro, el que lo viene sosteniendo en las votaciones, como hasta recién, va ir a la Justicia a declarar inconstitucional (la designación de autoridades de la AGN). Que le quede bien claro, que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de LLA y por quien preside esta Cámara".

La Nación