El Gobierno quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

A días de haber empezado su tercer año de gestión, el Gobierno busca aprobar su primer presupuesto. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la “Ley de Leyes” en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno. También restringe el régimen de zonas frías.

En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de “Disciplina Fiscal”, que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado “inocencia fiscal”. La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron la Casa Blanca y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas —sobre un total de 46— llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.

Para asegurarse los respaldos, la administración de Javier Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025. Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales norteamericanas que miran de reojo.

Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica. Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda.

Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.

En contra de todos

Para sorpresa de la oposición, el Gobierno introdujo cambios de último momento al dictamen que la Comisión de Presupuesto y Hacienda trabajó durante noviembre y los giró únicamente a los bloques aliados. La maniobra fue denunciada en comisión por Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.

Pese a que la Justicia ordenó días atrás la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo volvió a la carga. En el artículo 75 incorporó la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La oposición cuestionó la avanzada y se prepara para eliminar ese artículo en la votación en particular. El dictamen de Unión por la Patria propone garantizar la vigencia de todas las leyes que fueron aprobadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas en ambas cámaras. Además, rechaza el artículo 30, que elimina las metas de financiamiento mínimo para la educación, la inversión progresiva en ciencia y tecnología, el fondo para las escuelas técnicas y la inversión para el sistema de defensa nacional.

Este último punto también encendió las alarmas de la CGT. La central obrera rechazó de inmediato el artículo 30 y, en un comunicado, exigió su retiro del Presupuesto 2026. Sostiene que ese inciso implica una reducción drástica de la inversión educativa, en abierta contradicción con la legislación vigente; el desfinanciamiento total de la educación técnico-profesional, con impacto directo en los planes de mejora, el equipamiento y la formación; y el vaciamiento de la inversión en ciencia y tecnología, afectando la investigación orientada al desarrollo nacional. Frente a este escenario, la central llamó a movilizar “para defender nuestros derechos”.

Provincias Unidas también lleva al recinto su propio dictamen que busca garantizar la implementación de las leyes de Financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. En nombre del interbloque Unidos, Nicolás Massot cuestionó que en el proyecto oficial “no están incorporadas las tres leyes vetadas”. El diputado recordó que “entre las tres suman un costo fiscal del 0,16 por ciento del producto. Es un costo fiscal menor que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recién incorporada reforma laboral”.

El dictamen incorpora además una modificación sensible al derogar la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. Un congelamiento virtual. De aprobarse este artículo, ambos beneficios dejarán de actualizarse mensualmente por inflación. En la práctica implicará una licuación inmediata de los ingresos de los sectores más vulnerables.

También restringe las llamadas “zonas frías” que reciben subsidios al gas. La redacción actual mantiene los beneficios para las zonas consideradas históricas —Patagonia, Puna y Malargüe—, pero le da al Poder Ejecutivo la facultad de definir su alcance y aplicación. El texto evita fijar porcentajes concretos de descuento y omite reconocer de manera explícita a las regiones que habían sido incorporadas al régimen en el año 2021.

El paquete que el oficialismo pretende llevar al recinto este miércoles se completa con dos iniciativas que condensan la lógica contradictoria del rumbo libertario. Por un lado, junto con el Presupuesto, el Gobierno impulsa la llamada ley de “disciplina fiscal”, que blinda la regla del déficit cero y busca atar de manos al Congreso mediante un esquema de castigos —incluso penales— para quienes voten leyes que alteren el equilibrio fiscal. El proyecto ni siquiera pasó por la comisión de Legislación Penal y podría ser rechazado en el recinto. Por el otro, avanza con un nuevo blanqueo, rebautizado “inocencia fiscal”, con el que intenta seducir a los argentinos que mantienen dólares fuera del sistema para que los vuelquen a la economía formal sin consecuencias futuras.

Página12