El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno confirmó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025. La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
La Casa Rosada argumenta que la sentencia del juez Adrián González Charvay constituye una “invasión” sobre las atribuciones del Ejecutivo para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto, y que aplicar la ley sin partidas específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
El fallo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, acompañados por organizaciones del sector. Los demandantes plantearon que la paralización de la ley, derivada del decreto presidencial, deja sin protección a miles de personas y agrava la crisis del sistema de prestaciones.
El magistrado consideró que el artículo 2 del DNU resultaba “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución. Sostuvo que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley aprobada por insistencia del Congreso y vigente por imperativo constitucional.
El Gobierno apunta contra el juez por la forma en que desestimó los argumentos fiscales planteados por el Ministerio de Salud. En la sentencia, el magistrado remarcó que la Jefatura de Gabinete ya había realizado más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y que no hay le impedía utilizar la misma herramienta para aplicar la ley, incluso cuando el Congreso no incorporó partidas específicas en el Presupuesto 2026.
En el Ejecutivo rechazan esa interpretación. Sostienen que la emergencia en discapacidad -establecida en la Ley 27.793 hasta 2027- requiere un respaldo financiero que el Congreso no definió, y advierten que reasignar fondos sin un marco presupuestario podría afectar programas prioritarios y comprometer el equilibrio fiscal.
TN